La reforma del registro horario seguirá esperando. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha descartado que el nuevo sistema vaya a aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes 14 de abril, aunque ha asegurado que el Ejecutivo continúa trabajando para impulsarlo “rápidamente”. La declaración confirma que una de las normas laborales más controvertidas de los últimos meses sigue sin fecha cerrada de salida, pese a que Trabajo mantiene su voluntad de sacarla adelante cuanto antes.

El cambio que persigue el Ministerio no es menor. El borrador del real decreto plantea un registro digital, objetivo, fiable y accesible, con información mínima obligatoria, reglas para la realización y modificación de los asientos y derechos de acceso para la persona trabajadora, la representación sindical y la Inspección de Trabajo. El texto también prevé que las empresas elaboren un protocolo de organización y documentación del sistema y fija, en su redacción conocida, una entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

Trabajo defiende esta reforma como una herramienta para cerrar el agujero de las horas extra no pagadas. Según el departamento que dirige Díaz, en España se realizan más de 2,8 millones de horas extraordinarias no abonadas cada semana, y el objetivo del nuevo modelo es que el control horario deje de ser una formalidad discutible y pase a ser verificable en tiempo real. La intención es que queden registradas no solo las jornadas ordinarias, sino también las extraordinarias, las flexibles y las horas complementarias en contratos a tiempo parcial.

La reforma nació vinculada a otro frente más ambicioso: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero después de que esa iniciativa decayese en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, Trabajo optó por separar el endurecimiento del registro horario y mantenerlo vivo por una vía normativa propia. Ya el 30 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del proyecto de real decreto para reducir a la mitad los plazos administrativos.

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy crítico con la reforma y cuestiona que un reglamento pueda imponer obligaciones como la digitalización obligatoria del registro o aspectos que, a su juicio, deberían venir respaldados por una ley y no por un desarrollo reglamentario.

A ese frente jurídico se suma ahora una discrepancia interna dentro del propio Gobierno. El Ministerio de Economía defiende que las pymes dispongan de un año para adaptarse al nuevo registro digital, frente a los 20 días que figuran en el borrador conocido. Carlos Cuerpo ha argumentado que el despliegue debe ser “equilibrado” y tener en cuenta tanto los costes de software y puesta en marcha como la realidad de cada sector, mientras Trabajo se ha mostrado partidario de un periodo más corto.