El organismo mantiene el criterio del Juez Disciplinario y entiende que los incidentes del público en el partido ante el UCAM Murcia están suficientemente acreditados. Ni los argumentos del club ni las pruebas aportadas han sido suficientes para tumbar el acta arbitral, que sigue teniendo valor probatorio.

Apelación centra el caso en dos hechos:
el lanzamiento de objetos durante el partido y, sobre todo, lo ocurrido en la zona de vestuarios, donde se produjeron situaciones de tensión, amenazas e intentos de acceso al árbitro. Para el Comité, no es necesario que haya daño físico: basta con que exista un riesgo real para la integridad del equipo arbitral, y considera que ese riesgo se dio.

A partir de ahí, la clave jurídica es clara. El club organizador responde por lo que sucede en su estadio si no demuestra una actuación diligente y eficaz. Y Apelación entiende que el Águilas no ha logrado acreditar que sus medidas de seguridad fueran suficientes para prevenir o frenar los incidentes.

Con ese argumento, la resolución ratifica íntegramente la sanción:

● 8.000 euros de multa

● Tres partidos a puerta cerrada

El Comité también descarta que haya indefensión, errores en el acta o desproporción en el castigo.

La historia no termina aquí

Lejos de cerrar el caso, el Águilas ya ha decidido dar el siguiente paso. El club recurrirá ante el Tribunal Administrativo del Deporte, última instancia en la vía administrativa deportiva para buscar la cautelar y posponer la sanción para más adelante.

Ahí se jugará el último partido fuera del campo. El objetivo: intentar aplazar o rebajar una sanción que puede condicionar de lleno el tramo final de temporada.
 
 

El Águilas sigue luchando por jugar el final de temporada en el Rubial, aunque la situación no invita al optimismo.