La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido penas de hasta ocho años y medio de prisión para siete acusados por el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en la zona de Atalayas y en el que murieron 13 personas. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial y atribuye a los investigados distintos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y vulneración de los derechos de los trabajadores.

La pena más alta, de ocho años y medio de cárcel, se reclama para cinco de los siete acusados: los administradores de ambos locales, la encargada de Teatre, el administrador de hecho del establecimiento y el ingeniero técnico industrial que dirigió la división del espacio. Para el propietario de la máquina de fuegos fríos que presuntamente originó el incendio, la Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión. Para el organizador de la fiesta celebrada aquella noche, solicita cuatro años.

Además de las penas de prisión, el escrito interesa distintas inhabilitaciones. Para cuatro responsables de los locales, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para dirigir o administrar empresas con trabajadores a su cargo, así como para explotar o gestionar restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas y discotecas durante el tiempo de la condena. En el caso del ingeniero, pide once años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

La acusación del Ministerio Público incorpora también la vertiente económica del caso. Reclama indemnizaciones que rozan los 5,3 millones de euros para familiares de fallecidos, personas lesionadas y afectados por los daños causados en la nave y en negocios colindantes. Asimismo, pide la responsabilidad civil directa de varias aseguradoras y la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Teatre Murcia S. L.

El caso llega a esta fase después de que la jueza diera por concluida la instrucción en febrero y dejara a un paso del banquillo a los principales investigados. En esa resolución, la magistrada apreció indicios de que los locales funcionaban sin la licencia administrativa exigida, carecían de medidas de seguridad suficientes y presentaban deficiencias relevantes en la evacuación. Entre ellas, la investigación sitúa la división del local original, la falta de compartimentación adecuada entre salas, el uso de materiales no ignífugos y recorridos de salida excesivos en caso de emergencia.

La tragedia de Atalayas arrastra, además, un contexto administrativo especialmente grave. Tras el incendio salió a la luz que sobre las discotecas pesaba una orden municipal de cese de actividad desde 2022 que no llegó a ejecutarse. Esa circunstancia marcó desde el principio la investigación y abrió un debate político y judicial sobre los controles previos, las licencias y la cadena de responsabilidades en torno al funcionamiento de los locales.

Con este escrito, la causa entra ya en una fase decisiva. Si la Audiencia Provincial acuerda la apertura de juicio oral, el procedimiento pasará de la larga instrucción al examen público de las responsabilidades penales por una de las mayores tragedias ocurridas en Murcia en los últimos años. El foco judicial está ahora puesto en determinar hasta qué punto las irregularidades detectadas, la organización de la fiesta y la ausencia de medidas efectivas de seguridad contribuyeron al incendio y a sus consecuencias mortales.