El exministro José Luis Ábalos (i) en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas. EFE/J.J. GuillénEl juicio a José Luis Ábalos entra este martes en una fase especialmente sensible. Tras varios días marcados por testimonios sobre contratos en empresas públicas, pisos, sobres de dinero y el entorno personal del exministro, la vista oral se adentra ahora en el origen mismo del caso: los contratos de mascarillas adjudicados en plena pandemia por organismos dependientes de Transportes. Y lo hace con la comparecencia de uno de los testigos más comprometidos de todo el proceso, el exsubsecretario Jesús Manuel Gómez.
Gómez es el alto cargo en quien Ábalos ha sostenido que delegó la tramitación de aquellos contratos, por considerar que era quien podía hacerlo de forma más “pulcra”. La Fiscalía, sin embargo, lo sitúa en una posición mucho más delicada y sospecha que pudo actuar como “correa de transmisión” entre el entonces ministro y los entes adjudicadores. Así, su declaración se convierte en una de las más relevantes de esta semana en el Tribunal Supremo.
El exsubsecretario, además, llega a esta sesión con una condición procesal incómoda, ya que declaró como testigo ante el Supremo, pero está investigado en la Audiencia Nacional en la rama paralela del caso. En esa comparecencia previa explicó que él no decidía qué empresa resultaba adjudicataria, pero sí admitió que recibió en mano de Koldo García la oferta de Soluciones de Gestión y que la remitió a Puertos del Estado “por agilizar” la compra en plena emergencia sanitaria. También aseguró que Ábalos no le dio ninguna instrucción sobre a quién adjudicar el contrato.
Ese punto es clave ya que enlaza directamente con dos de las adjudicaciones que se juzgan: la de Puertos del Estado, fechada el 21 de marzo de 2020, por 24,2 millones de euros, y la de Adif, seis días después, por 12,5 millones, ambas a la misma mercantil. Según Gómez, la idea de canalizar la compra a través de Puertos del Estado surgió porque el organismo tenía capacidad financiera, tesorería y experiencia logística para afrontar una operación excepcional en condiciones extremas; la misma fórmula se extendió después a Adif.
La quinta jornada del juicio no se agota, sin embargo, en su nombre. También están citados Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif e igualmente investigado en la Audiencia Nacional; Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad y hoy secretario de Estado de Política Territorial; y varios trabajadores del ministerio que dirigía Ábalos. Quien finalmente no acudirá es el director general de la Policía, Francisco Pardo, después de que la defensa de Koldo García renunciara a su testifical.
La comparecencia de Gómez llega, además, en un momento procesal en el que el tribunal empieza a dejar atrás la espuma de los primeros días. La primera semana de juicio reforzó, según distintas crónicas judiciales, los indicios sobre enchufes en empresas públicas, alquileres de viviendas y movimientos de dinero en efectivo ligados al entorno de Ábalos y Koldo. Pero desde esta semana el foco se desplaza a a cómo circularon las ofertas, quién tomó las decisiones y hasta dónde llegó la influencia política en unas compras de emergencia que están en el origen del llamado caso Koldo.





