El sector agrario ha recibido con alivio la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada este martes por el Gobierno, una medida que llega en un momento de escasez de mano de obra en el campo y que las organizaciones consultadas interpretan como una posible válvula de escape para campañas cada vez más tensionadas. La norma abre la puerta a permisos de residencia para extranjeros que acrediten al menos cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.

La reacción del sector parte de una evidencia bastante poco discutida sobre el terreno, ya que el campo español depende desde hace años de la mano de obra extranjera. Según los últimos datos oficiales de afiliación, los trabajadores foráneos suponen ya el 37,9% del Sistema Especial Agrario, un peso que explica por qué la falta de personal ha llegado a poner en riesgo parte de algunas recolecciones. Fuentes sectoriales consultadas admiten que harían falta “varios miles” de trabajadores más para evitar que ciertas cosechas se queden sin recoger.

Desde COAG, Andrés Góngora ha definido la regularización como una “buena noticia” porque, a su juicio, puede aliviar “de forma muy importante” la tensión vivida en algunas campañas. En la misma línea, UPA sostiene que el campo necesita mano de obra y que esa necesidad debe abordarse con trabajadores que puedan acceder a contratos dignos, con derechos y deberes plenamente reconocidos. La organización valor además la aportación de la población migrante a la vida, la juventud y la actividad económica del medio rural.

También Unión de Uniones ha valorado favorablemente la medida. Su responsable de Economía y Seguridad Social, Carles Vicente, subraya que el problema de personal persiste pese a instrumentos ya utilizados por el sector, como la contratación en origen, los contratos de proximidad o el recurso a los fijos discontinuos. Vicente recuerda que hay personas que se acercan a buscar trabajo al campo, pero no pueden ser contratadas porque carecen de documentación.

Por su parte, Fepex considera positivo el proceso, aunque reclama conocer con detalle cómo se articulará la contratación. CCOO defiende que la regularización puede ampliar la mano de obra disponible con contratos y condiciones dignas, frente al recurso a contingentes temporales desde el exterior. Y UGT-FICA cree que la medida puede ayudar a reducir la economía sumergida en la agricultura y la ganadería, al permitir que quienes ya trabajan sin papeles pasen a hacerlo dentro del convenio y con protección laboral efectiva.

Los datos ayudan a dimensionar esa dependencia estructural. En febrero había 250.532 afiliados extranjeros en el Sistema Especial Agrario; de ellos, 202.696 procedían de países no comunitarios y 47.836 eran ciudadanos de la Unión Europea. Marruecos encabeza con claridad esa afiliación, con 108.981 cotizantes, mientras Rumanía lidera entre los comunitarios con 38.363. Por territorios, Andalucía concentra el mayor volumen, con 115.345 afiliados extranjeros, seguida de Murcia, con 49.825, y la Comunidad Valenciana, con 27.662.

Así, la regularización se interpreta en el campo como una respuesta práctica a una necesidad muy concreta. El Gobierno la presenta como una vía para integrar a personas que ya viven en España y ordenar su situación administrativa; el sector primario, mientras tanto, la mira sobre todo como una herramienta para sostener campañas, formalizar empleo y reducir una bolsa de trabajo irregular que lleva años instalada en el corazón mismo del sistema alimentario.