CCOO ha cargado con dureza contra la moción aprobada en la Asamblea Regional de Murcia con los votos de PP y Vox para pedir la derogación del real decreto estatal que regula el acceso a la asistencia sanitaria de personas extranjeras sin residencia legal en España. Para el sindicato, la iniciativa supone un uso político de la sanidad y desplaza el foco del problema real del sistema regional, que a su juicio no está en la inmigración, sino en años de déficit estructural.

En su valoración, CCOO sostiene que el relato que vincula inmigración irregular y colapso sanitario no se sostiene en la evidencia. La OMS ha advertido en su análisis sobre salud de refugiados y migrantes en Europa de que no existe prueba de una presión desproporcionada de la migración sobre los sistemas universales, mientras que estudios publicados en España apuntan a que la población migrante utiliza menos los servicios sanitarios que la autóctona en buena parte de los estratos sociales.

El sindicato sitúa el deterioro de la sanidad regional en otro sitio: falta crónica de personal, especialmente en Atención Primaria, sobrecarga de urgencias, mala planificación e infrafinanciación. Ese diagnóstico encaja con un sistema que sigue funcionando con demoras relevantes: el propio Servicio Murciano de Salud fijó en 102 días la espera media para cirugía y en 89,33 días la demora media para consulta hospitalaria a cierre de 2025, mientras la estadística regional cifraba en 34.315 los pacientes en lista de espera quirúrgica en junio del año pasado.

CCOO advierte además de que restringir el acceso sanitario no es una medida inocua ni neutral. Al contrario, sostiene que empuja a diagnósticos más tardíos, agrava patologías, deriva más presión hacia las urgencias hospitalarias y termina elevando el coste futuro del sistema. La propia OMS viene alertando de que limitar el acceso a la atención primaria provoca una mayor dependencia de los servicios de urgencias y empeora la salud colectiva, justo lo contrario de lo que necesita una red pública tensionada.

La organización sindical pide por ello una rectificación inmediata al Gobierno regional y denuncia que el debate sanitario en la Región está siendo contaminado por intereses políticos ajenos a la realidad asistencial.