La consejera de Empresa, María Isabel López, ha negado que el Gobierno regional se haya opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional y ha defendido que las alegaciones presentadas al real decreto se han limitado a cuestionar "cómo se pretende aplicar" por razones de "legalidad", de respeto a la negociación colectiva y de adecuación a la normativa europea.

Así lo ha sostenido la consejera durante el Pleno de la Asamblea Regional, en respuesta a una pregunta oral de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Virginia Lopo, quien ha afeado al Ejecutivo autonómico que haya presentado alegaciones al real decreto sobre el SMI y le ha preguntado "cuáles son los motivos por los que el Gobierno regional se opone a la subida del salario mínimo interprofesional".

En su primera intervención, López ha rechazado esa premisa y ha asegurado que "no es cierto que nos opongamos a la subida del salario mínimo interprofesional". "Nosotros hemos formulado alegaciones al anteproyecto de real decreto por el que se regulan las reglas de aplicación del salario mínimo interprofesional, y eso, señora, no es oponerse a la subida al salario mínimo interprofesional; eso es defender que las cosas se hagan conforme a la legalidad", ha afirmado.

La consejera ha argumentado que el texto estatal "introduce vía reglamento cambios que afectan a normas con rango de ley", en concreto al Estatuto de los Trabajadores, y ha advertido de que "no se puede alterar elementos esenciales del salario mínimo interprofesional mediante reglamento porque el marco que lo fija es el Estatuto de los Trabajadores y eso es una ley". Asimismo, ha criticado que el anteproyecto "ignora aspectos esenciales de la normativa europea, especialmente en materia de contratación", al exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras, a su juicio, "la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas".

Además, ha censurado que el Gobierno central pretenda "imponer revisiones automáticas del salario mínimo interprofesional únicamente ligándolo al IPC", dejando fuera "otras variables que son importantes, como es el poder adquisitivo real o la evolución de los salarios". Con ello, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no ha combatido el incremento del SMI, sino el instrumento jurídico escogido para regularlo.