Izquierda Unida ha vuelto a señalar una de las carencias más visibles de la política regional de vivienda: la falta de desarrollo reglamentario de una ley que, sobre el papel, ya contempla mecanismos para intentar frenar desahucios. El diputado José Luis Álvarez-Castellanos llevó este asunto al Pleno de Control de la Asamblea Regional para exigir al Gobierno autonómico la activación del convenio con grandes tenedores previsto en la normativa regional, con el objetivo de forzar la negociación de alquileres sociales antes de los lanzamientos.

La base legal de esa reclamación existe, ya que el artículo 59 quáter de la Ley 6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia, incorporado en 2016, establece que el gran tenedor adherido al convenio regional debe ofrecer una propuesta de alquiler social a personas o unidades familiares sin alternativa habitacional y en riesgo de exclusión residencial antes de adquirir determinadas viviendas vinculadas a ejecuciones o daciones en pago. El propio texto añade que el contenido de ese convenio regional debe concretarse mediante desarrollo reglamentario.

Así, la ley regional fijó en su disposición final primera que el Gobierno regional debía iniciar en un plazo máximo de dos años los trámites del desarrollo reglamentario necesario. Ese plazo expiró hace tiempo y, a juicio de la formación, la inacción del Ejecutivo ha dejado sin efecto práctico una de las herramientas más sensibles de la norma en materia de emergencia habitacional.

Álvarez-Castellanos enmarcó su interpelación en términos de urgencia social. La Región de Murcia cerró 2025 con 780 lanzamientos practicados, frente a los 1.203 del año anterior, según el informe anual sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales difundido por el CGPJ. De ellos, 458 derivaron de procedimientos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impago del alquiler, y 254 de ejecuciones hipotecarias. La cifra equivale, en términos gruesos, a algo más de dos desalojos al día.

El diputado de IU reprochó al Ejecutivo de Fernando López Miras que siga gestionando el problema con mediación y respuestas parciales, mientras mantiene sin activar un mecanismo que ya figura en su propia ley. En su planteamiento, el problema no es la ausencia de instrumentos, sino la falta de voluntad política para aplicarlos. 

Durante el debate, el consejero de Fomento e Infraestructuras defendió la actuación del Gobierno regional y apeló a la seguridad jurídica, a la mediación y a las políticas de vivienda social impulsadas por la Comunidad. Pero IU mantuvo intacta su acusación principal: que el Ejecutivo dispone desde hace años de una herramienta legal para obligar a sentarse a bancos y fondos en determinados casos de vulnerabilidad y, aun así, la mantiene en el congelador normativo.