Hay días en los que una contempla la actualidad judicial española y siente una mezcla difícil de ordenar: indignación, vergüenza y una tristeza cívica que no nace del ruido, sino de la calidad del barro que se está removiendo. En el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional se están escuchando estos días declaraciones que no son solo materia de proceso penal: son también un retrato incómodo de la degradación moral de quienes confundieron el poder con el botín.

Conviene decirlo desde el principio, porque la honestidad obliga: todo sigue en curso, y la presunción de inocencia no es una fórmula decorativa, sino una garantía esencial del Estado de Derecho. Pero una cosa es respetar el proceso y otra cerrar los ojos ante lo que ya se ha oído. Y lo que se ha oído, en el caso de las mascarillas y en el de Kitchen, dibuja un panorama desolador para cualquier persona que crea de verdad en la democracia como sistema de límites, controles y responsabilidad.

En el Supremo, el caso de las mascarillas ha dejado afirmaciones gravísimas. Carmen Pano sostuvo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en dos entregas de 45.000, y su hija afirmó que el chalet de Cádiz se compró para José Luis Ábalos a cambio de una licencia, además de hablar de otro supuesto pago en metálico en vísperas del rescate de Air Europa. Son manifestaciones que, por sí solas, bastan para explicar por qué tanta gente siente que la vida pública se ha convertido en una cocina oscura: la del dinero que entra y sale sin trazabilidad, la del favor como moneda, la del intermediario como método y la del silencio como parte del precio.

Lo más inquietante no es solo la posible gravedad penal de lo que se investiga, sino la naturalización de una cultura política en la que el efectivo, la influencia y el acceso al poder parecen circular por canales que no deberían existir en una democracia sana. Cuando el poder se acostumbra a vivir sin cristal, sin transparencia y sin pudor, el daño deja de ser meramente jurídico y se convierte en un deterioro moral de fondo. Entonces ya no se habla solo de delitos: se habla de una forma de estar en el mundo público que ofende la idea misma de bien común.

La causa Kitchen, por su parte, representa otra forma de corrupción todavía más inquietante: la del propio Estado. La Audiencia Nacional juzga una operación parapolicial que, según la acusación, habría usado fondos reservados y estructuras policiales para obtener documentación sensible de Luis Bárcenas y obstaculizar la investigación judicial sobre la financiación irregular del PP. Si eso se confirma, no estaríamos ante una simple desviación administrativa ni ante una torpeza política. Estaríamos ante una perversión gravísima de las instituciones, usadas desde dentro para torcer la ley en lugar de protegerla.

Y ahí es donde la democracia empieza a parecer una broma cruel. Porque al ciudadano se le exige obediencia, fiscalidad, paciencia, ejemplaridad y fe en el sistema. Se le pide que pague, que cumpla, que espere, que no haga trampas. Pero cuando quienes manejan el poder convierten lo público en una red de favores, mordidas, colocaciones o espionaje, la asimetría moral se vuelve insoportable.

Lo peor de todo es que, en ese contexto, la pregunta ya no es solo qué hicieron ellos. La pregunta es qué país permite durante tanto tiempo que la corrupción se disfrace de normalidad, que el abuso se ampare en la proximidad al poder y que la indignidad se presente como una simple anécdota de despacho. Porque cuando una democracia tolera que sus élites conviertan el Estado en una trastienda, el daño no se limita a la contabilidad pública: se rompe la confianza ciudadana, que es el capital más valioso y más difícil de reconstruir.

No hace falta exagerar para sentir asco. Basta con escuchar algunas expresiones que han ido apareciendo en el paisaje de estos casos, o con atender a la lógica de ciertos relatos que describen ventas de lealtades, maniobras opacas y relaciones completamente descompuestas entre poder, dinero y responsabilidad. Una sociedad decente no debería acostumbrarse a eso. No debería aceptar como ruido de fondo que lo público se administre con criterios privados, ni que la ley parezca severa para abajo y blanda para arriba.

La corrupción no es solo una infracción legal. Es una forma de envenenar la comunidad. Es coger dinero que no era tuyo y usarlo para fines que no eran los de todos; es desfigurar instituciones que deberían servir a la ciudadanía; es convertir la política en una máquina de protección mutua y la administración en un escenario de lealtades turbias. Por eso estas causas producen un rechazo tan profundo: porque no revelan únicamente presuntos delitos, sino una manera de vivir el poder como si fuera un territorio sin alma.

Y, sin embargo, quizá la parte más dolorosa sea otra: que ya casi nada sorprende. Esa anestesia moral es, probablemente, el síntoma más grave de todos. Cuando la ciudadanía empieza a acostumbrarse al escándalo, el problema deja de estar solo en los corruptos y pasa también por la erosión de la esperanza pública. Y eso sí que es un fracaso que ninguna democracia debería permitirse.