Definitivamente, España atraviesa uno de esos momentos que, vistos con la distancia del tiempo, serán muy difíciles de explicar no sólo para el análisis político clásico sino para las generaciones por detrás porque lo que hoy sucede en la vida pública nacional, cada vez más grotesca, roza el esperpento institucional. Y, lo peor de todo, es que nadie parece ya sorprenderse. Llegados a este punto, por lo tanto, la pregunta no es tanto qué está ocurriendo -los hechos están a la vista de todos- sino en qué momento hemos decidido, como sociedad, que todo esto era aceptable.

En la misma semana en la que, por primera vez en la historia de la democracia, la mujer del presidente del Gobierno, investigada, podría enfrentarse a un próximo juicio, hemos asistido al ataque contra el juez instructor de su causa, el juez Juan Carlos Peinado, por parte del mismísimo ministro de Justicia. Una situación que, en cualquier democracia seria y avanzada, habría provocado explicaciones inmediatas, comparecencias públicas y, como mínimo, la asunción de responsabilidades políticas aquí, sin embargo, ha impuesto el silencio como pauta. Un silencio denso, incómodo, sostenido no por la prudencia institucional, sino por la convicción de que dar explicaciones ya no es necesario y de que el relato político del señalamiento a los profesionales que hacen su trabajo y cumplen con su obligación, es bien acogido por una parte del espectro electoral.

Ésa es la primera gran mutación de las reglas de juego que se cambian sobre la marcha. La rendición de cuentas ha dejado de ser una obligación para convertirse en una elección que, por lo tanto, nunca se pone en práctica. Pero no es la única. A este escenario perverso se suma una paradoja aún más alarmante: que el titular de la cartera de Justicia, cargando contra aquellos a los que debería defender sin ambages, cuestione las decisiones judiciales que no son del agrado del Gobierno. El Poder Ejecutivo entregado, sin matices, ni consecuencias, a la masacre de los hombres y mujeres que actúan para preservar, al margen de ideologías, el orden y el sentido común. El foco, en lugar de centrarse en denunciar la corrupción, girado para señalar a los árbitros de la ley.

La degradación no termina ahí. En el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, que debería ser el espacio por excelencia del debate constructivo y sosegado, se suceden las descalificaciones, los insultos y hasta los escupitajos que hace tiempo han sobrepasado las líneas rojas de la discrepancia política. Esta semana, sin ir más lejos, un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña insultaba a otro parlamentario de Vox en términos que no resisten ni el más mínimo estándar exigible al pluralismo político. Sin embargo, el foco no se puso en las descalificaciones, ni en el agresor -por cierto, reincidente-, sino en la reacción desesperada de quien exigen respeto y amparo democrático frente a la barbarie. Una vez más se invierte la lógica elemental. El problema no es quien se excede y agrede, sino quien denuncia el exceso y responde a la agresión.

Hace tiempo que el relato importa más que los hechos y, conscientes de ello, desde ciertos sectores de la política nacional construyen un relato, cuidadosamente manipulado, en el que se decide, de antemano, pase lo que pase, quién merece ser víctima y quién verdugo.

No están mucho mejor las cosas fuera del hemiciclo donde el líder de una formación política legal no puede acudir a un acto público, autorizado dentro del calendario propio de una campaña electoral en curso, porque grupos autoproclamados ‘antifascistas’ se lo impiden mediante la coacción. La ironía es tan evidente que confirma la tragedia de un país en el que quienes dicen combatir el fascismo recurren a métodos que lo evocan con inquietante claridad. Y, de nuevo, la reacción institucional y mediática brilla por su ausencia, aunque lo que esté en juego sea el ejercicio de una de las libertades más básicas que nos distinguen de las dictaduras.

Claro que tampoco podemos esperar mucho más cuando el presidente del Gobierno hace tiempo que ha decidido alinearse con líderes extranjeros de dudosa calidad democrática. La política exterior, que debería ser una extensión coherente de nuestros propios valores y la garantía de sostenibilidad de los intereses nacionales, más allá de nuestras fronteras, parece responder a otro tipo de estratagemas en las que todo vale, con tal de seguir en el poder.

Así las cosas, entre decisiones cuestionables, silencios elocuentes y alianzas internacionales irresponsables se nos dibuja un paisaje en el que lo inédito, lo inadmisible y lo insoportable ha dejado de ser noticia. Anestesia para las masas. La inacción instalada como una suerte de supervivencia cívica frente al escándalo y el despropósito. Éste es, sin lugar a duda, el mayor triunfo del esperpento. No su existencia misma, sino su resignada aceptación resignada.

Cuando una sociedad deja de escandalizarse ante la degradación de sus instituciones, ha dado un paso peligroso hacia el abismo de la normalización de lo anómalo. Y cuando lo anómalo se convierte en norma, recuperar los estándares democráticos resulta tan difícil que, a veces, se convierte en imposible. La falta de explicaciones, los ataques a la justicia, la banalización del debate parlamentario, la tolerancia hacia los comportamientos totalitarios los volantazos en la acción exterior no son anécdotas, son síntomas de un deterioro que avanza, en gran medida, cómplice de la inacción.

La gran pregunta, por tanto, sigue en pie. ¿En qué momento aceptamos que lo inadmisible podía convertirse en rutina? ¿Y, sobre todo, cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir mirando sin reaccionar?
Tal vez la respuesta no sea cómoda, pero es imprescindible. Porque el esperpento, cuando se instala, sólo puede salir de la mano de una ciudadanía dispuesta a manifestarse, a cuestionar al poder, a exigir consecuencias. De lo contrario, habremos llegado muy tarde.