La regeneración de la bahía de Portmán ha vuelto a convertirse en un foco de choque entre administraciones. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de La Unión trasladaron este martes en Madrid al Ministerio para la Transición Ecológica su rechazo al sellado del fondo de la bahía y reclamaron que se recupere la solución consensuada en 2006, la que durante años se presentó como la vía para devolver a este enclave una parte de su línea de costa y avanzar en su recuperación ambiental.

La reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dejó un sabor muy amargo en la delegación regional. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, definió el encuentro como “decepcionante y muy preocupante” y denunció que el Ministerio mantiene una “hoja de ruta unilateral” sobre el futuro de Portmán. A su juicio, el problema no es solo la propuesta, sino también la forma en que se está gestionando un proyecto que arrastra décadas de retrasos, frustraciones y promesas incumplidas.

Montoro aseguró que el Ejecutivo autonómico rechaza “tanto la forma como el fondo” de la actuación planteada por el Gobierno central. En su opinión, el Ministerio está orientando la intervención hacia una salida de mínimos, sin abrir un debate técnico y social real sobre el conjunto de alternativas. “No se puede imponer una solución que no cuenta con un respaldo mínimo del territorio”, sostuvo el consejero tras el encuentro.

El frente común que han formado la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de La Unión y parte del tejido vecinal y social de la Sierra Minera lleva tiempo defendiendo otra vía: una regeneración integral que recupere parte de la línea de costa, retire estériles mineros y permita una restauración ambiental más ambiciosa. Esa posición ya fue expresada con claridad en la comisión de seguimiento celebrada en abril de 2025, cuando las administraciones de la Región de Murcia se opusieron “rotundamente” al sellado planteado por el Ministerio.

La referencia constante al “consenso de 2006” no es una apelación retórica. Ese acuerdo quedó plasmado en un convenio de colaboración publicado en el BOE en abril de 2007, que tomaba como base la alternativa 4 elaborada por el CEDEX y planteaba la recuperación de usos y la adecuación ambiental de la bahía, con la posible construcción de una instalación náutico-deportiva de hasta 1.000 amarres.

Ese marco es el que ahora invocan el Gobierno regional y el Ayuntamiento de La Unión para sostener que el Ministerio no debería apartarse del compromiso asumido hace dos décadas sin reconstruir antes un mínimo consenso político, técnico y social. El propio convenio preveía una actuación compleja, desarrollada por fases y apoyada en proyectos específicos para recuperar la bahía para un uso público ambientalmente adecuado.

Montoro insistió en que la protección ambiental es irrenunciable, pero advirtió de que no puede utilizarse como argumento para renunciar a una recuperación más profunda del enclave. En esa misma línea, reclamó al Ministerio que abandone la opacidad, convoque de inmediato la comisión de seguimiento y vuelva a situar sobre la mesa la solución integral pactada en su día.