La Asamblea Regional ha puesto este martes el foco sobre una consecuencia cada vez más visible de las obras del soterramiento del AVE en Lorca: el desgaste económico que están sufriendo los comercios y los negocios de hostelería del casco urbano. La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo aprobó una moción del PP para reclamar al Gobierno central un plan específico de dinamización y apoyo a estos sectores mientras duren los trabajos.

La iniciativa plantea pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una línea urgente de subvenciones directas a fondo perdido para comerciantes y hosteleros, con vigencia hasta la finalización completa de las obras. También reclama que el Estado asuma los gastos extraordinarios que, según el PP, está soportando en solitario el Ayuntamiento de Lorca para reforzar la limpieza, regular el tráfico y reparar aceras y pavimentos dañados por el paso de maquinaria pesada.

La diputada popular Josefa Carreño defendió la moción con un discurso muy crítico hacia la gestión del proceso y sostuvo que los lorquinos viven una situación de “clara discriminación” al seguir en una “isla ferroviaria sin soluciones ni certidumbres”. A su juicio, el soterramiento es una inversión positiva de cara al futuro, pero no puede hacerse a costa del presente de “cientos de autónomos y familias lorquinas” que, dijo, ya están soportando perjuicios económicos graves.

El debate llega, además, en un momento especialmente sensible para la ciudad. Desde este 22 de abril está previsto un corte total al tráfico rodado en la avenida de Santa Clara durante once meses para permitir el avance de las obras, una medida que vuelve a tensionar la movilidad y alimenta la preocupación de vecinos y negocios por el efecto acumulado de los trabajos sobre el centro urbano.

Junto a las ayudas, la moción aprobada pide un informe técnico actualizado sobre el estado real de ejecución del proyecto, una explicación de los retrasos acumulados y un nuevo calendario oficial de finalización. El mensaje del PP es que la obra no solo necesita dinero y plazos, sino también certidumbre política y técnica para una ciudad que lleva tiempo conviviendo con cortes, desvíos y un impacto creciente en su actividad cotidiana.

El PSOE compartió la necesidad de respaldar a comerciantes y hosteleros, pero defendió que el esfuerzo debía repartirse entre las tres administraciones. El diputado José López Hernández planteó una enmienda para impulsar un convenio entre Gobierno central, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, y recordó que el Estado financia íntegramente unas obras valoradas en 327,9 millones de euros, mientras el Consistorio asume parte de los costes derivados y la Comunidad, dijo, no está aportando recursos pese a que el comercio es una competencia regional. La enmienda no salió adelante porque el PP insistió en que, en este caso, “es de justicia” que sea el Gobierno de España quien responda.

Vox y el Grupo Mixto coincidieron en reclamar más implicación económica, aunque dirigieron parte de la crítica hacia el Ejecutivo autonómico. Los primeros volvieron a pedir ayudas directas para los negocios afectados y el diputado del Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, lamentó que el recién aprobado Plan estratégico de apoyo al comercio 2026-2030 no incluya un apartado específico para el caso de Lorca. Al mismo tiempo, advirtió de que la crisis del pequeño comercio local no nace solo con las obras del AVE, sino que responde también a un problema más amplio de competencia con las grandes superficies.