El Gobierno ha dado luz verde este martes, 21 de abril, al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, su gran apuesta para intentar responder a la crisis habitacional con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que en el plan anterior. El programa quiere reforzar la construcción de vivienda pública y asequible, impulsar la rehabilitación del parque residencial y ampliar las ayudas al alquiler y a la emancipación, con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables.

La principal novedad del plan es que blinda la vivienda protegida financiada con dinero público para que no pueda acabar descalificándose y saltando al mercado libre al cabo de unos años. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, resumió esa idea con una frase que marca el tono político del proyecto: “Garantizamos que ni un euro de esta financiación va a ir dirigido a la especulación, sino a garantizar el derecho”. El ministerio defiende este giro como una respuesta a una anomalía histórica: en las últimas décadas, buena parte de la vivienda protegida construida en España terminó fuera del parque público.

El plan incorpora además una cláusula antifraude para que la adjudicación de vivienda pública siga criterios objetivos, medibles y trazables, en un intento de evitar episodios como los que han salpicado recientemente promociones de VPO en Alicante. El mensaje del Gobierno es que el acceso a una vivienda protegida no puede quedar en manos de procedimientos opacos ni de intermediaciones privadas difíciles de controlar.

En cuanto al reparto de fondos, el 40% del presupuesto se destinará a aumentar de forma permanente la oferta de vivienda protegida, otro 30% a la rehabilitación del parque ya existente y el 30% restante a ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, desde la emancipación juvenil hasta actuaciones en zonas tensionadas. El Estado asumirá el 60% de la financiación total y las comunidades autónomas el 40%, aunque el Ejecutivo central ha decidido hacerse cargo este año de todo el esfuerzo presupuestario para que el plan pueda desplegarse en el segundo semestre y, en palabras de la ministra, no haya “excusas” para retrasarlo.

Además, el nuevo marco introduce medidas concretas para acelerar la ampliación del parque público. Las ayudas para levantar vivienda pública o protegida podrán alcanzar los 85.000 euros por unidad, o hasta 102.000 en zonas de mercado tensionado, y esas viviendas se destinarán mayoritariamente al alquiler, con un precio máximo de 900 euros al mes. El plan también contempla fondos para comprar viviendas ya construidas, incorporar vivienda vacía al alquiler asequible y financiar rehabilitaciones con mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

Por otro lado, en el plazo de un año, las comunidades deberán crear registros de fianzas de arrendamiento financiables con cargo al propio plan, de modo que la información sobre contratos, precios y rotación deje de depender solo de estimaciones privadas. A ello se suma una evaluación periódica a través del Consejo Asesor de Vivienda.

El calendario que maneja el Gobierno pasa ahora por cerrar convenios con las comunidades autónomas en primavera y activar la distribución definitiva de fondos para que el despliegue efectivo arranque a partir de julio.