El Tribunal de Cuentas ha dado un 'tirón de orejas' a la Comunidad Autónoma por la falta de concreción en los objetivos y metas de cada uno de los programas de los presupuestos correspondientes a 2006 y 2007. Según consta en el último informe de fiscalización del sector público, que se encuentra en el Congreso para su debate, el tribunal también destaca que la Comunidad dejó de contabilizar  como gastos 65 M€ en 2006 y otros 131 millones en 2007. Este dinero correspondería a aportaciones pendientes al Servicio Murciano de Salud para compensar pérdidas de estos años.

Asimismo, en el informe, recuerda a la CARM que en estos años presentaba un remanente de tesorería de 345 y 390 millones, cuando deben disminuirse por las salvedades que el propio informe refleja hasta arrojar un saldo positivo de únicamente 88 M€ en 2006 y un saldo negativo de 25 millones en 2007.

Al igual que indica a otras comunidades, el Tribunal de Cuentas afirma que la Comunidad Autónoma presenta "una deficiente justificación de la necesidad de las contrataciones para los fines del servicio público". Asegura que no constan informes preceptivos, características e importe de las prestaciones. Dice también que las justificaciones aportadas son excesivamente genéricas, sin especificarse las particulares necesidades en cada caso.

Otra de las conclusiones del Tribunal es que en los pliegos de los contratos adjudicados por concursos estos años "se establecieron algunos criterios de adjudicación imprecisos o sin especificarse la forma o el método de valoración". Y añade que en algunos concursos las bajas económicas no fueron apenas valoradas y que, en otros, se adjudicó con "bajas temerarias"

Asimismo, reprocha que en las ejecuciones de obra se producen frecuentes demoras "no justificadas" y que son "particularmente incongruentes".

En los informes de las Comunidades Autónomas que ha presentado el Tribunal de Cuentas al Congreso se hacen especial hincapié en las irregularidades en la contratación pública, tramitaciones indebidas y falta de sanciones a los contratistas por incumplir la normativa.

Según estos informes, los contratos se fraccionan indebidamente "con la finalidad de tramitarlos por procedimientos negociados sin publicidad y para eludir los principios de transparencia y publicidad de la contratación pública".

El Tribunal de Cuentas también asegura que se abusa de la tramitación de urgencia de los expedientes y de la adjudicación por concurso en detrimento de la subasta, a pesar de ser esta última la forma ordinaria de adjudicación de las obras públicas.

El informe aprecia "frecuentes retrasos" en la concesión e prórrogas sin que ello comporte para los contratistas las sanciones previstas en la ley.

Puede acceder al informe completo en el siguiente documento