El Partido Popular quiere llevar el conflicto por la Ley de Costas al Senado. La portavoz del grupo en la Cámara Alta, Alicia García, anunció este jueves en Cartagena la convocatoria, el próximo 6 de mayo, de una sesión monográfica en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para abordar los efectos de la normativa sobre el litoral. Según explicó, a esa cita están invitados todos los gobiernos autonómicos y también el Ejecutivo central.

La dirigente popular enmarcó la iniciativa en la ofensiva política que su partido mantiene contra una ley que, a su juicio, está generando “indefensión” entre muchos propietarios del litoral. García avanzó además que en esa sesión el PP impulsará una iniciativa para exigir una “revisión ordenada, seria y consensuada” de la normativa costera, así como la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial. También cargó contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al acusarla de mantener bloqueadas proposiciones de ley impulsadas por los populares sobre esta materia.

Durante un encuentro con afectados, Alicia García acusó al Ejecutivo de ampararse en un “ecologismo de pacotilla para defender intereses ocultos” y reivindicó al PP como el partido de la “seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada”. “Proteger el litoral no puede significar arrasar con la vida de quienes forman parte de él”, sostuvo.

La cita de Cartagena sirvió también para escenificar el frente común del PP regional con los afectados por los deslindes y expedientes abiertos en distintos puntos del litoral. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, defendió que “las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar” y criticó que los deslindes se estén apoyando, según dijo, en “criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican”. El Gobierno regional insiste en que la normativa debe actualizarse para atender las singularidades de cada tramo costero.

También la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, cerró filas con los afectados y aseguró que agotará todas las vías legales para proteger las viviendas tradicionales de enclaves como Cabo de Palos, Los Nietos o Puntas de Calnegre. Arroyo recordó que, de las 600 familias afectadas en la Región, unas 400 pertenecen al término municipal cartagenero. “Vamos a seguir siendo vuestro altavoz para acabar con esta amenaza que os tiene sin dormir; no vamos a permitir que se destruya nuestro arraigo y nuestra herencia”, afirmó.

La convocatoria del 6 de mayo convierte así al Senado en el próximo escenario donde el PP quiere usar su mayoría en la Cámara Alta para dar visibilidad institucional al malestar de varias comunidades y presionar al Gobierno central para reabrir el debate sobre la Ley de Costas.