Hay frases que parecen de sentido común y que en realidad son una trampa. «Españoles primero». «Prioridad nacional». Suena lógico. Suena justo. Hasta suena a algo que cualquier ciudadano de a pie podría defender en una conversación de bar. Y eso, precisamente, es lo que las hace peligrosas.

Antes de hablar de si es legal o no, de si es europea o antieuropea, conviene entender de dónde viene esta idea. Porque la «prioridad nacional» no la inventó VOX ni el PP. La inventó Jean-Marie Le Pen en Francia, en los años ochenta. En 1985 publicó un libro que se llamaba Les Français d’abord (Los franceses primero) y convirtió la llamada "préférence nationale" en el corazón de su partido. No era un programa de gobierno. Era una estrategia electoral para capturar el voto de la clase trabajadora que veía cómo su situación empeoraba y buscaba un culpable. Le Pen les dio uno: el inmigrante.

Cuatro décadas después, el guión es idéntico. Solo cambia el escenario. Lo usó Wilders en Holanda, Orbán en Hungría, la AfD en Alemania, Meloni en Italia, y los partidos de ultraderecha escandinavos que antes eran marginales y hoy gobiernan o condicionan gobiernos. Y ahora, en abril de 2026, lo vemos en un acuerdo firmado en Extremadura entre PP y VOX para que Guardiola pueda seguir siendo presidenta. El mismo concepto, reempaquetado, con acento extremeño.

¿Responde esto al problema real que tenemos? La respuesta, con datos, con leyes y con historia, es que no.

Empecemos por lo jurídico, que es lo más urgente de aclarar porque hay mucha confusión interesada. La Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería dice en su artículo 14, con una claridad que no deja margen de duda, que los extranjeros residentes en España tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social «en las mismas condiciones que los españoles». Y añade que incluso los extranjeros en situación irregular tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicos. Eso no es una ocurrencia progresista. Es la norma vigente, aprobada en Parlamento, ratificada por los tribunales. Para cambiarla hace falta mayoría absoluta en el Congreso porque es ley orgánica. Ni PP ni VOX la tienen. Juntos, tampoco. Así que el pacto de Extremadura incluye una promesa que quienes la firman saben perfectamente que no pueden cumplir. Eso se llama engaño electoral, aunque nadie lo nombre así.

Pero la trampa jurídica va más allá de la ley de Extranjería. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante José Ángel Camisón ha dicho que la Constitución Española «no habla de prioridad nacional» en el reparto de prestaciones y que para que la versión de VOX fuera completamente legal habría que reformar el Título I de la propia Carta Magna. Reformar la Constitución requiere mayorías cualificadas y, en algunos supuestos, referéndum. No se hace en una legislatura y menos para contentar a un socio de gobierno autonómico. La propia Isabel Díaz Ayuso reconoció que «la prioridad nacional para otorgar ayudas en vivienda es ilegal». Ayuso lo dijo. Es importante recordarlo.

Y luego está Europa. Porque España no es una isla. El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe «toda discriminación por razón de la nacionalidad» en el ámbito de los Tratados. Eso significa que aunque se reformara la ley de Extranjería de arriba abajo, España nunca podría aplicar preferencia nacional frente a ciudadanos de la UE. Un rumano, un alemán, un francés, tienen los mismos derechos que un español en el acceso a servicios públicos comunitarios. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE lo recoge en su artículo 21. Lo que como máximo podría hacer España es establecer diferencias entre ciudadanos europeos y extracomunitarios recién llegados. Eso es todo. «Los españoles antes que los rumanos» no es una política que quepa en el ordenamiento europeo. Y si se intenta, la Comisión tiene mecanismos para llevar al Estado infractor ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esto no es un debate teórico. Es la arquitectura jurídica sobre la que descansa la UE desde el Tratado de Lisboa.

Ahora bien. Hay algo en este debate que no conviene ignorar porque sería deshonesto hacerlo. La gente que siente angustia cuando ve que no consigue una cita médica en menos de tres semanas, que ve cómo sus hijos no pueden acceder a una vivienda digna, que paga impuestos y siente que el Estado no le devuelve lo que debería, esa gente tiene razón en estar enfadada. No tiene razón en el diagnóstico que le ofrecen, pero el malestar es legítimo y real. En encuestas de finales de 2025, el 48% de los españoles señalaba la sanidad pública como problema prioritario, con las listas de espera como el aspecto peor valorado. La vivienda era el principal problema para más de un tercio de los encuestados. La inmigración escaló al segundo puesto de las preocupaciones en el barómetro del CIS de febrero de 2026. No hay que negar ninguno de esos datos. Hay que leerlos bien.

Aquí es donde encaja la metáfora que mejor describe lo que está pasando. Suzanne Collins la formuló en 2008 con Los Juegos del Hambre: una sociedad distópica donde el Estado obliga a los más pobres a competir a muerte por la supervivencia mientras una élite observa cómodamente. Collins no escribía ciencia ficción por el gusto de entretenerse. Construyó una crítica directa a los mecanismos con los que el poder desvía la atención de sus propias responsabilidades poniendo a los débiles a pelear entre sí. Cuando el Estado no tiene suficientes médicos, suficientes viviendas asequibles, suficiente capacidad de integración, crea escasez. Esa escasez es real. El error, la manipulación, está en señalar al inmigrante que también espera en la cola en lugar de señalar a quien decidió que habría tan pocos médicos, tan pocas casas y tan poco presupuesto para servicios sociales. El resultado es que dos grupos vulnerables compiten por migajas mientras nadie pregunta por qué hay tan pocas. Eso, exactamente, son los Juegos del Hambre. Y nosotros estamos dentro sin que nadie nos haya preguntado si queremos jugar.

La mayoría de quienes migran no lo hacen por capricho. Según ACNUR, a finales de 2024 había 42,7 millones de personas refugiadas en el mundo, personas que han huido de conflictos armados, persecución o colapso total del Estado. A ellas se suman millones de migrantes económicos que huyen de la pobreza extrema. Son personas que han dejado su hogar, su lengua, su familia y frecuentemente su dignidad para intentar vivir. No son una amenaza. Son el síntoma de un mundo enormemente desigual. Que esa realidad colisione con un Estado de bienestar tensionado no es culpa de quienes migran. Es el resultado de décadas de gobernanza migratoria europea fallida, de un sistema que no gestiona, que no integra, que reacciona cuando la situación explota pero no previene, que pone parches, que mira hacia otro lado.

Y en ese esquema hay un actor que el debate sobre la «prioridad nacional» nunca menciona, con llamativa coherencia: las mafias. Las organizaciones criminales que trafican con personas en las rutas atlánticas cobran entre 1.000 y 13.000 euros por cabeza. Una sola embarcación de 50 personas puede generar hasta 150.000 euros para la red. Son estructuras jerarquizadas, transnacionales, que se adaptan cuando se cierra una ruta y abren otra. En 2024, España registró 64.019 llegadas irregulares. En 2025, la cifra cayó un 42,6% gracias a la cooperación bilateral con países africanos que frenó el 62% de las salidas hacia Canarias. Ese dato es importante: lo que redujo la llegada de personas irregulares no fue recortar derechos a los que ya estaban aquí. Fue cooperación diplomática y policial con los países de origen. La OIM cifró en más de 7.600 los migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias solo en 2025. Desde 2014, más de 52.000 personas han muerto intentando llegar a Europa. Esos números no aparecen en el discurso de la «prioridad nacional». No son útiles para el relato.

Vale la pena mirar qué han hecho otros países, porque la historia tiene memoria. Francia lleva cuatro décadas con la préférence nationale como propuesta electoral del Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional. Le Monde calificó en 2024 esa preferencia de «postura anticonstitucional» que choca con el principio de igualdad fundacional de la República francesa. Dinamarca fue el país europeo que más lejos fue en el endurecimiento: aplicó en 2002 una ley de inmigración que aplazaba hasta siete años las ayudas a inmigrantes y Amnistía Internacional denunció que sus políticas buscaban «hacer lo más difícil posible las condiciones de vida de las personas que buscan seguridad». El resultado no fue una sociedad más cohesionada. Fue una sociedad más dividida. Suecia, por su parte, exige desde 2023 que los inmigrantes aprendan el idioma y busquen empleo activamente como condición para acceder a prestaciones. Es un modelo diferente al de la «prioridad nacional» porque no quita derechos por origen, sino que los condiciona a la integración efectiva. Tiene más sentido jurídico y más sentido práctico.

Canadá y Australia llevan décadas gestionando la inmigración con sistemas de puntos que evalúan formación, idioma, experiencia y necesidades del mercado laboral. No dicen «los nuestros primero». Dicen «bienvenido quien viene a construir». Son sistemas que funcionan, que son económicamente beneficiosos y que no generan el tipo de conflicto social que genera la exclusión por origen.

El problema que tiene España con la inmigración es real pero no es el que describe el relato de la «prioridad nacional». El problema es que no hay suficientes vías legales y ordenadas para emigrar, lo que deja el mercado en manos de las mafias. El problema es que los sistemas de integración son insuficientes y tardíos. El problema es que el Estado de bienestar lleva años sin la inversión que necesita y cuando eso se junta con flujos migratorios desordenados, la tensión social es inevitable. Ninguno de esos problemas se resuelve recortando derechos a quienes ya están aquí. Se resuelve gestionando bien la entrada, combatiendo a las organizaciones criminales que trafican con vidas humanas, invirtiendo en integración desde el primer día, y garantizando que los servicios públicos funcionen para todos.

La «prioridad nacional» no hace nada de eso. Divide a los de abajo, entretiene a la opinión pública con un debate falso sobre quién merece más y quién merece menos, y deja intacto el sistema que genera la escasez. Los inmigrantes, en su mayoría, no son el problema. El problema es un sistema que no vigila las fronteras con rigor, que es laxo con las mafias de tráfico de personas, que no previene, que actúa tarde y mal, y que al final convierte en enemigos a personas que comparten el mismo hartazgo. Unos porque pagan impuestos y el Estado no les da lo que necesitan. Otros porque cruzaron un océano o un desierto buscando algo mejor y tampoco lo encuentran.

Los Juegos del Hambre no los organiza el inmigrante. Los organiza quien decide que hay menos de lo que debería haber y luego mira hacia otro lado mientras la gente pelea por lo poco que queda.