Este martes, 28 de abril, se cumple un año del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico durante horas a millones de ciudadanos en España y Portugal. Doce meses después de aquel cero eléctrico, el incidente continúa sin un responsable único y definitivo, pese a los informes técnicos, los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las comisiones de investigación impulsadas en las Cortes.

La principal conclusión compartida por los informes conocidos hasta ahora es que el apagón no respondió a una sola causa. El Ministerio para la Transición Ecológica presentó en junio de 2025 un informe que atribuyó el incidente a un problema de sobretensión de origen multifactorial, con capacidad insuficiente de control de tensión, oscilaciones en el sistema y desconexiones de instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, Entso-E, llegó a una conclusión similar en su informe final, publicado en marzo de 2026. El panel europeo calificó el apagón como un episodio sin precedentes y lo vinculó a una combinación de factores, entre ellos oscilaciones, carencias en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión, reducciones rápidas de generación y desconexiones de generadores en España.

Así, el diagnóstico técnico ha ido acotando el problema, pero no ha cerrado la pregunta clave: quién debe asumir la responsabilidad. Gobierno, regulador, operador del sistema y compañías eléctricas han quedado bajo el foco de distintas investigaciones, pero ninguna resolución firme ha despejado aún el reparto de culpas.

La CNMC también ha intervenido en la investigación con un informe de recomendaciones y con la apertura de expedientes sancionadores. El regulador ha incoado procedimientos contra Red Eléctrica y varias compañías energéticas, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y asociaciones nucleares vinculadas a Ascó-Vandellós y Almaraz-Trillo. Según las últimas informaciones publicadas, el número total de expedientes se eleva a 55, aunque la propia CNMC ha subrayado que su apertura no prejuzga el resultado final ni atribuye por sí sola la causa del apagón a las empresas afectadas.

El expediente abierto a Red Eléctrica tiene la calificación de presunta infracción muy grave por un posible incumplimiento de sus funciones con perjuicio para el sistema. El resto de procedimientos afectan a distintas empresas e instalaciones de generación por posibles infracciones graves, salvo el expediente relativo a Almaraz-Trillo, también calificado como muy grave por una presunta reducción de producción o suministro sin autorización e incumplimientos de disponibilidad.

En paralelo, el apagón ha alimentado una intensa batalla. La comisión de investigación del Senado, con mayoría del Partido Popular, aprobó unas conclusiones que apuntan al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC por su papel en el incidente y por lo que considera una falta de actuación regulatoria y supervisora.

La investigación parlamentaria, sin embargo, tampoco ha cerrado el caso. Esta misma semana ha arrancado en el Congreso la comisión de investigación sobre el apagón, con comparecencias de los principales actores del sector energético. Las primeras intervenciones han confirmado que la disputa seguirá marcada por el cruce de acusaciones entre eléctricas, operador del sistema, regulador y responsables políticos.

Además, también aparece una cuestión económica de gran calado: quién deberá asumir el coste de los daños causados por el apagón y de las eventuales reclamaciones judiciales. La apertura de expedientes sancionadores no resuelve aún esa incógnita, ya que los procedimientos pueden prolongarse durante meses y las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y pruebas antes de cualquier resolución definitiva.

El otro efecto del apagón ha sido el funcionamiento reforzado del sistema eléctrico desde aquel 28 de abril. Para reducir el riesgo de nuevos desequilibrios, la operación del sistema ha recurrido con mayor intensidad a servicios de ajuste y a tecnologías de respaldo, como los ciclos combinados de gas natural. Esta situación ha elevado los costes asociados a la estabilidad del suministro, especialmente visibles en la factura de los consumidores del mercado regulado.

Aunque la mayor presencia de energías renovables ha contribuido a reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista en determinados periodos, la variabilidad de estas tecnologías exige más mecanismos de ajuste para mantener el equilibrio entre generación y demanda. Según datos citados por Selectra, el coste de los servicios de ajuste alcanzó en marzo los 27,6 euros por megavatio hora, casi un 74% más que un año antes y más del doble que en el mismo mes de 2024.

Un año después, el apagón ha dejado varias certezas y muchas incógnitas. Se sabe que el sistema sufrió una crisis de tensión, que hubo desconexiones en cascada y que los organismos técnicos descartan una causa única. También se sabe que la respuesta preventiva ha encarecido parte de los costes del sistema. Lo que todavía no está cerrado es la responsabilidad final de cada actor en el mayor incidente eléctrico registrado en la Península en décadas.