El juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia entra esta semana en una fase decisiva en el Tribunal Supremo. Tras varias sesiones de declaraciones testificales, llega el turno de los tres acusados principales: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Según el calendario previsto, antes de escuchar a los acusados declararán agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargados de distintos informes sobre la investigación. El miércoles está reservado para los interrogatorios de Aldama, Koldo y Ábalos, aunque fuentes jurídicas apuntan a que las declaraciones podrían prolongarse y que el juicio continuaría el 4 de mayo.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres acusados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y favorecer contrataciones públicas vinculadas a la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. El Ministerio Público atribuye a esa presunta operativa un ánimo de enriquecimiento y una interlocución privilegiada del empresario con el Ministerio y otros ámbitos de la Administración.

Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Víctor de Aldama solicita 7 años de cárcel, con la aplicación de la atenuante de confesión por su colaboración con la investigación.

Ábalos llega a su declaración después de cinco meses en prisión preventiva y tras haber escuchado, durante varias sesiones, testimonios sobre su etapa al frente de Transportes, el papel de su exasesor y la presencia de Aldama en el entorno ministerial. El exministro ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas y defendió que esas gestiones fueron delegadas en otros responsables del departamento.

Uno de los puntos centrales de su interrogatorio será la presunta relación entre las adjudicaciones investigadas y los beneficios personales que, según la acusación, habría recibido a través de la trama. Entre esos extremos figuran el pago del piso en el que vivió su expareja en Madrid, el alquiler de un chalé en Cádiz y otras supuestas contraprestaciones atribuidas por la Fiscalía a la relación con Aldama.

El exministro también tendrá que responder sobre la contratación de mujeres de su entorno en empresas públicas y sobre el grado de conocimiento que tenía de las gestiones realizadas por Koldo García. Para la Fiscalía, el exasesor actuaba como hombre de confianza de Ábalos y como pieza operativa en la relación con empresarios y cargos de la Administración. Las defensas, en cambio, han tratado de separar las responsabilidades y cuestionar la consistencia de las acusaciones.

Koldo García afronta igualmente una declaración clave. Su papel ha sido descrito durante el juicio como el de un intermediario con gran capacidad de movimiento dentro y fuera del Ministerio. La Fiscalía lo sitúa como colaborador directo del exministro y como enlace con Aldama, mientras que su defensa sostiene que no cometió delito alguno y atribuye parte del dinero en efectivo que manejaba al reembolso de gastos adelantados para el PSOE y para la Secretaría de Organización.

La posición procesal de Víctor de Aldama es distinta. El empresario, considerado por la UCO como una pieza central de la presunta trama, ha colaborado con la Fiscalía y esa colaboración explica la menor petición de condena que afronta. Su estrategia pasa por reforzar la credibilidad de la información aportada, mientras las defensas de Ábalos y Koldo han cuestionado desde el inicio la fiabilidad de su relato.

Está previsto que Aldama declare primero, seguido de Koldo García y, finalmente, Ábalos. Las defensas del exministro y de su exasesor pidieron declarar después del empresario para poder responder a su versión de los hechos.

Hasta ahora, el tribunal ha escuchado a testigos, funcionarios, responsables públicos e investigadores. Esta semana serán los acusados quienes tengan que fijar su relato ante los magistrados. Lo que declaren puede ser determinante en un procedimiento que ya no solo examina contratos adjudicados en plena pandemia, sino también la arquitectura de poder, confianza e intereses que rodeó aquellas decisiones.