Los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares han coincidido en reivindicar una dotación presupuestaria para las administraciones locales en el marco del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico de la Región de Murcia.

El primero en intervenir ha sido el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, quien ha reclamado que el nuevo proyecto de ley cuente con una financiación "blindada" ya que, sin recursos económicos garantizados por ley, la normativa se convertiría en una "expropiación de facto" de las capacidades de gestión de los ayuntamientos.

Moreno ha propuesto que la ley cambie su denominación para incluir explícitamente el término "financiación" y ha defendido que cada declaración de bien turístico debe llevar aparejada una partida presupuestaria automática.

Durante su intervención, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha celebrado que se debata esta ley "necesaria" y ha lamentado que el municipio no cuenta con el "respaldo institucional que merece".

García ha exigido al Gobierno regional un reparto euitativo de "recursos reales" entre los municipios con el objetivo de que esta ley "no quede en una herramienta para etiquetas que serán etiquetas vacías".

La alcaldesa ha lamentado la falta de mecanismos para proteger en enclave del cañón de Almadenes, Bien de Interés Turístico Cultural, y ha pedido a la comisión la declaración de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra de Bien de Interés Turístico Regional que ha sido denegada en varias ocasiones por el Gobierno regional, según ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha defendido que el proyecto de ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia es una herramienta "útil" para reconocer la identidad local, aunque ha advertido de que será insuficiente si la Comunidad no asume compromisos firmes de financiación, conectividad y sostenibilidad.

Pérez Cervera ha subrayado que el modelo tradicional de "sol y playa" ya no es suficiente y que la competitividad del destino depende ahora de la capacidad para generar valor añadido y ha criticado la falta de una memoria económica clara en el texto legislativo, señalando que la normativa define con detalle las exigencias a los municipios pero no los recursos que la Comunidad destinará para acompañarlos.

"No se puede hablar de patrimonio ni de promoción sin inversión", ha sentenciado tras proponer enmiendas al articulado para reforzar el papel de la Administración regional y evitar que la ley se convierta en un instrumento "discrecional" a través de menciones o premios sin criterios técnicos definidos.