Hace hoy un año, la Región de Murcia quedó sumida en una escena difícil de imaginar hasta entonces: semáforos apagados, persianas bajadas, hospitales funcionando al límite y miles de personas intentando comunicarse sin éxito. El 28 de abril de 2025, el llamado “gran apagón” dejó sin electricidad a buena parte de la península ibérica y transformó un día normal en una crisis inédita.

El corte de suministro se produjo a media mañana. En cuestión de segundos, viviendas, comercios, oficinas y centros educativos quedaron completamente a oscuras. En ciudades como Murcia, Cartagena o Lorca, el desconcierto fue inmediato: muchos pensaron que se trataba de una avería puntual, pero la magnitud del problema se hizo evidente cuando los teléfonos dejaron de tener cobertura y las conexiones a internet desaparecieron.

Los semáforos dejaron de funcionar, obligando a la Policía Local a regular manualmente el tráfico en los principales cruces. En algunas zonas se produjeron retenciones importantes, aunque no se registraron incidentes graves gracias a la rápida intervención de los agentes.

La vida diaria quedó completamente alterada. Supermercados y tiendas cerraron al no poder cobrar ni garantizar la conservación de productos refrigerados. Bares y restaurantes improvisaron menús limitados, sirviendo lo poco que podían preparar sin electricidad. Las gasolineras dejaron de operar, lo que generó preocupación entre quienes necesitaban desplazarse.

En los hogares, la situación tampoco fue sencilla. Sin luz, sin televisión, sin internet y con baterías de móviles agotándose, muchas familias salieron a la calle en busca de información. Las radios a pilas se convirtieron en el principal canal para seguir la evolución de los acontecimientos, recordando escenas propias de décadas pasadas.

Uno de los aspectos más críticos fue el funcionamiento de los hospitales. Centros como el Virgen de la Arrixaca o el Santa Lucía de Cartagena activaron de inmediato sus generadores de emergencia. Gracias a estos sistemas, se pudieron mantener operativos servicios vitales como las UCI, quirófanos y equipos de soporte respiratorio.

Sin embargo, la situación no estuvo exenta de tensión. El personal sanitario tuvo que priorizar intervenciones, aplazar consultas no urgentes y trabajar en condiciones excepcionales. La incertidumbre sobre la duración del apagón generó momentos de gran presión, especialmente en áreas sensibles.

Los servicios de emergencia, incluyendo bomberos y protección civil, también reforzaron sus dispositivos. Se atendieron incidencias relacionadas con personas atrapadas en ascensores, pequeños accidentes domésticos y situaciones de vulnerabilidad, como mayores que dependían de dispositivos eléctricos.

La Administración pública quedó prácticamente bloqueada. Los sistemas informáticos dejaron de funcionar y la tramitación electrónica se volvió imposible. Ante esta situación, el Gobierno regional declaró la jornada como inhábil a efectos administrativos, una medida excepcional para evitar perjuicios a ciudadanos y empresas.

El impacto económico fue inmediato. Miles de negocios perdieron un día completo de actividad, con especial afectación en el pequeño comercio y la hostelería. Las industrias también sufrieron paradas en sus procesos productivos, algunas de ellas con consecuencias que se prolongaron durante días. Las organizaciones empresariales calificaron la jornada como un “parón total” y reclamaron posteriormente medidas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico.

El suministro comenzó a restablecerse de forma progresiva a lo largo de la tarde, aunque en algunas zonas de la Región no volvió hasta bien entrada la noche. Este restablecimiento desigual generó nuevas dificultades, ya que muchas infraestructuras necesitaban reiniciarse de forma manual.

Cuando la electricidad regresó, lo hizo acompañada de una mezcla de alivio y agotamiento. Las calles recuperaron poco a poco su actividad, aunque la sensación de fragilidad permaneció durante días.

Un antes y un después

Doce meses después, el apagón sigue muy presente en la memoria colectiva de la Región de Murcia. Más allá de las pérdidas económicas, el episodio evidenció la enorme dependencia de la sociedad moderna de la electricidad.

El suceso impulsó debates sobre la seguridad del sistema energético, la necesidad de reforzar infraestructuras críticas y la importancia de contar con planes de contingencia tanto a nivel institucional como doméstico. Muchas empresas revisaron sus protocolos de emergencia, mientras que algunos ciudadanos adoptaron medidas preventivas, como disponer de linternas, baterías externas o radios portátiles.

El 28 de abril de 2025 no solo fue un día sin luz; fue una prueba colectiva. La Región de Murcia respondió con capacidad de adaptación, solidaridad y cierta improvisación ante lo inesperado. Vecinos que ayudaban a personas mayores, comercios que fiaban productos básicos, agentes regulando el tráfico bajo el sol y sanitarios trabajando sin descanso forman parte del recuerdo de una jornada que puso a prueba a toda una sociedad.

Un año después, la pregunta sigue en el aire: ¿estamos mejor preparados para que no vuelva a ocurrir?