La Comisión Europea ha abierto un nuevo procedimiento de infracción contra España por no ajustar a su legislación nacional las normas comunes sobre morosidad para el sector minorista de acuerdo a la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la puntualidad de los pagos.

De este modo, Bruselas ha remitido a las autoridades nacionales una carta de emplazamiento, primera fase de un expediente sancionador, apuntando las irregularidades y abriendo un periodo de diálogo de dos meses para que España tome las medidas necesarias.

Según indican los servicios comunitarios en un comunicado, de acuerdo al Derecho español, las condiciones de pago de los bienes de consumo pueden prolongarse sistemáticamente más allá de 60 días, a veces hasta más de 120 días.

A ojos de Bruselas, esa práctica "parece incoherente con la sentencia del Tribunal" porque relaja la importancia de la "puntualidad de los pagos", un elemento que el Ejecutivo comunitario defiende como "crucial" para que las empresas europeas "crezcan e inviertan" en el Mercado Único.

Así las cosas, Bruselas espera que España tome medidas para "subsanar las deficiencias", al tiempo que recuerda que de no recibir una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades españolas procederá a avanzar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado, que es la última oportunidad de negociación antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).