El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado en el Pleno de la Asamblea Regional el retraso en la tramitación y el pago de las ayudas al alquiler correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, una situación que, según ha advertido, mantiene a miles de familias sin respuesta administrativa y sin un horizonte claro sobre cuándo podrán cobrar.

Durante su intervención, el parlamentario del Grupo Mixto acusó al Gobierno regional de “abandono administrativo” y puso el foco en el bajo nivel de ejecución de la convocatoria. Según los datos expuestos por IU-Verdes, apenas se ha abonado el 5,9% del presupuesto disponible, con algo más de 164.000 euros pagados de una partida cercana a los tres millones. Esta misma cifra ya había sido denunciada por la formación en febrero, cuando señaló que el Ejecutivo autonómico solo había ejecutado 164.925 euros de los 2,8 millones previstos para 2024 y 2025.

“El problema no es solo que no hayan cobrado, es que no tienen ni siquiera un horizonte claro de cuándo van a recibir esas ayudas”, afirmó Álvarez-Castellanos, que aseguró trasladar la preocupación de unas 2.500 familias afectadas por la falta de resolución. El diputado reclamó al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, un calendario concreto de pagos y resoluciones, más allá de las explicaciones generales ofrecidas hasta ahora.

La convocatoria de las ayudas del Programa Destinado al Alquiler de Vivienda 2022-2025 fue publicada mediante Orden de 1 de julio de 2024, según recoge la propia Comunidad Autónoma en la información oficial del programa. IU-Verdes sostiene que ese retraso en la publicación de la convocatoria, casi dos años después de la firma del convenio con el Ministerio, ha condicionado toda la gestión posterior.

Álvarez-Castellanos recordó además que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 1 de marzo de 2025 y que la Administración dispone de un plazo de seis meses para resolver. Sin embargo, según denunció en la Asamblea, muchas solicitudes continúan pendientes más de un año después del cierre del plazo, lo que a su juicio evidencia una falta de medios y de voluntad política para tramitar unas ayudas dirigidas a familias con dificultades para afrontar el pago del alquiler.

El diputado también señaló que la convocatoria llegó tarde y con menos fondos de los inicialmente previstos. “Había cuatro millones de euros, no tres. Uno se perdió por sacar tarde la convocatoria”, afirmó durante su intervención, acusando al Ejecutivo autonómico de haber dejado sin ejecutar recursos necesarios en plena crisis de acceso a la vivienda.

Frente a estas críticas, el consejero de Fomento defendió en anteriores comparecencias que la Dirección General de Vivienda se encontraba en fase de revisión previa a la resolución de las concesiones y aseguró que la Consejería tramitaba al mismo tiempo otras líneas de subvenciones. García Montoro también situó el debate en el marco de la futura Ley de Vivienda Asequible de la Región y criticó las políticas estatales en la materia.

Álvarez-Castellanos rechazó que el debate se desvíe hacia la confrontación entre administraciones y subrayó que su crítica no va dirigida a los empleados públicos, sino a la gestión política de la Consejería. “No cuestiono la labor de los funcionarios. Le estoy dando hechos”, respondió el diputado, que insistió en que el problema está en la falta de recursos suficientes para sacar adelante los expedientes en plazo.

La crítica de IU-Verdes se suma a un clima político cada vez más tenso en torno a la vivienda en la Región de Murcia. El PSOE acusó recientemente al Gobierno regional de falta de transparencia en la gestión de más de 240 millones de euros procedentes de fondos estatales y europeos destinados a vivienda entre 2018 y 2025, mientras que Podemos-IU ya había denunciado en febrero retrasos y baja ejecución tanto en las ayudas generales al alquiler como en el Bono Alquiler Joven.

En el caso de las ayudas al alquiler para jóvenes, Álvarez-Castellanos también advirtió de que las cifras no son mejores. Según expuso, la resolución se mueve entre el 13% y el 15%, en función del criterio contable utilizado, lo que para IU-Verdes confirma un patrón de ineficacia administrativa en las políticas autonómicas de vivienda.

El diputado cerró su intervención reclamando al Gobierno regional una respuesta concreta para las familias solicitantes: fechas, expedientes resueltos y pagos. “Lo que espera la gente esta mañana es una respuesta clara, no echar balones fuera”, concluyó.