El juicio del caso Kitchen ha vuelto a situar en el centro de la causa al inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y de los llamados 'papeles de Bárcenas'. En su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, Morocho ha ratificado que detectó la existencia de una operación policial sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su entorno sin autorización judicial, al margen del equipo de la UDEF que investigaba la contabilidad B del Partido Popular bajo mandato del juez instructor.

El testimonio de Morocho llega después de varias jornadas especialmente relevantes en el juicio, en las que ya han declarado el propio Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Bárcenas sostuvo ante el tribunal que la operación nació en el PP y después se trasladó al Ministerio del Interior, mientras Rajoy negó haber ordenado seguimientos o destruido pruebas de la presunta caja B y defendió que no hubo una operación política, sino policial y ajustada a la legalidad.

Morocho explicó que en agosto de 2015 recibió una comunicación procedente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía con datos sobre personas, teléfonos, vehículos y lugares relacionados con Bárcenas. Según su versión, al revisar esa información constató que existía una investigación policial paralela sobre el extesorero y su entorno, sin que hubiera sido comunicada al grupo 21 de la UDEF, que él dirigía, ni al juez que llevaba la investigación.

El inspector sostuvo que aquella información no aportaba elementos útiles a la causa judicial que él investigaba, porque muchas de las personas citadas ya figuraban en el procedimiento. Lo relevante, según declaró, era que evidenciaba una actuación ajena al cauce ordinario de la investigación judicial. También señaló que nunca propuso al juez seguimientos a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, ni tuvo conocimiento de la captación del chófer de la familia, Sergio Ríos, como confidente.

En la segunda jornada de su declaración, Morocho apuntó a una estrategia interna para desmantelar el grupo que investigaba los papeles de Bárcenas. Según relató, la unidad contaba con once policías en 2013, pero fue perdiendo efectivos en los años siguientes hasta quedar sin capacidad investigadora suficiente. El inspector aseguró que algunos agentes recibieron ofertas de destinos mejor remunerados y que determinados informes no pudieron elaborarse por falta de personal.

El testigo también describió un clima de presión dentro de la Policía que, según su relato, afectó directamente a la redacción de los informes. Morocho habló de “autocensura” y afirmó que hubo que introducir cambios, modificaciones y alteraciones para evitar problemas con la cadena de mando. Según declaró, algunos elementos sustanciales fueron desplazados a anexos para que no figurasen en el cuerpo principal de los documentos.

Uno de los puntos de su declaración fue la referencia a las presiones para que determinados nombres no aparecieran en los informes sobre la contabilidad B del PP. Morocho aseguró que sus superiores le pidieron eliminar menciones a dirigentes como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Ignacio López del Hierro. En concreto, sobre Rajoy afirmó que fue una persona “singular” cuya exclusión se individualizó expresamente.

Además, el inspector denunció que sufrió seguimientos y vigilancias mientras investigaba Gürtel e incluso llegó a sospechar que su despacho y su coche habían sido monitorizados. “Tuve seguimientos y vigilancias para ver si mi conducta era ética o no. Y si encontraban algo no ético, pues me hubiesen hecho un chantaje”, declaró en el juicio, en respuesta a las preguntas de las defensas.

Las defensas de los acusados trataron de cuestionar su relato y restar credibilidad a sus denuncias sobre las presiones internas. Entre otros argumentos, le reprocharon que no activara el protocolo contra el acoso dentro de la Policía. Morocho respondió que el juez Pablo Ruz conocía esas presiones porque él se las trasladaba de forma habitual y aseguró que incluso se vigilaban sus desplazamientos a la Audiencia Nacional.

La declaración del inspector se produce en un juicio en el que se analiza si desde el Ministerio del Interior se puso en marcha, entre 2013 y 2015, una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y hacerse con documentación que pudiera comprometer al PP. En el banquillo se sientan, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y el exchófer Sergio Ríos.

Cospedal, por su parte, admitió durante su declaración que mantuvo contactos durante años con Villarejo, pero negó que le hiciera encargos. “Yo le hice preguntas, pero no encargos”, aseguró ante el tribunal. También afirmó que desconocía la presunta operación contra Bárcenas y que no tenía constancia de pagos al chófer ni de la destrucción de pruebas.

El juicio de Kitchen avanza así con versiones enfrentadas sobre el origen y la finalidad del operativo. Mientras las acusaciones sostienen que se trató de una maniobra parapolicial para sustraer información sensible al extesorero del PP y evitar que llegara al procedimiento judicial, los principales dirigentes políticos que han comparecido como testigos han negado cualquier conocimiento o participación en una operación de carácter político. La declaración de Morocho, sin embargo, refuerza una de las tesis centrales de la acusación: que hubo una actuación policial paralela, sin control judicial y con impacto directo sobre la investigación de la caja B del PP.