Hagamos un ejercicio de honestidad: si una medida que afecta a 2,7 millones de personas necesita aprobarse de urgencia, por decreto, sin garantías de que el Parlamento la respalde, es que algo funciona muy mal. No en el decreto. En el sistema que lo ha hecho necesario.

El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el 20 de marzo, prorrogaba dos años los contratos de alquiler que vencieran entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027, y limitaba la subida anual de las rentas al 2%. Una medida con nombre y apellidos: la del inquilino que lleva semanas con el corazón encogido porque sabe que su contrato termina y no tiene adónde ir. La del joven que cada mes hace malabares para pagar una habitación en Madrid. La de la familia que ha echado raíces en un barrio y teme que se la arranquen de cuajo. La de los propietarios que se sienten asfixiados y casi culpables de haber invertido en un inmueble para poder sentirse más seguros. 

Eso, en abstracto, es legítimo. El problema es cómo.

Desde el primer día, el decreto nació con pies de barro. Para sobrevivir, necesitaba pasar por el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. El Gobierno sabía (todo el mundo sabía) que no tenía los votos. Y aun así, lo aprobó. ¿Por qué? Porque la urgencia real no era resolver el problema de la vivienda. Era demostrar que algo se hacía. Y eso, en política, tiene un nombre: escaparate.

El 28 de abril, el Congreso lo derogó con 177 votos en contra frente a 166 a favor, con las abstenciones del PNV. PP, Vox y Junts sellaron su caída. La diputada de Junts, Marta Madrenas, lo llamó “propaganda”, lo tachó de “jurídicamente muy defectuoso” y aseguró que “no están resolviendo nada, solo maquillan una situación que toda la sociedad está viendo que empeora cada día”. 

Lo más grave no es que el decreto cayera. Lo más grave es lo que dejó a su paso: una zona gris legal que ninguna ley despeja. Hay inquilinos que enviaron un burofax al casero solicitando la prórroga (como recomendaban el Ministerio de Consumo y los sindicatos de inquilinos mientras el decreto estuvo vigente)  y que ahora no saben si ese papel tiene validez o es papel mojado. Hay dos posiciones jurídicas enfrentadas: la de quienes, como Asufin y Facua, sostienen que el derecho queda blindado si el burofax se envió durante la vigencia del decreto; y la de quienes, como la profesora Matilde Cuena de la UCM, advierten de que solo serían válidas las prórrogas de contratos ya vencidos en ese mes.

El resultado es predecible: los juzgados. Es decir, que la “solución” para 2,7 millones de personas  se convierte en una invitación a litigar para quienes menos recursos tienen para hacerlo.

Y entre medias, los propietarios pequeños (esos a los que nadie llama fondos buitre porque son el señor del segundo o la jubilada que alquila su único piso) tampoco saben a qué atenerse. Ellos también son víctimas de esta forma de legislar: reciben un burofax, no saben si tienen obligación legal de aceptarlo, y si se equivocan en su respuesta, también pueden acabar ante un juez.

Tras la derogación, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, declaró que el Gobierno debería presentar el decreto “constantemente” y “cada vez que haga falta”. Lo dijo sin rubor. Casi con orgullo. La izquierda tiene que estar para ayudar a la gente, afirmó.

Nadie puede discutir el fondo de esa frase. El problema es el método que propone. Gobernar a golpe de decreto, sabiendo que el decreto va a ser tumbado, no es ayudar a la gente: es utilizar a la gente. Es convertir a los inquilinos en munición de campaña electoral en lugar de ciudadanos a los que se debe una respuesta estructural, estable y con garantías.

Un Estado de Derecho no funciona así. Las normas que afectan a derechos fundamentales (y el acceso a la vivienda lo es) no pueden tramitarse como flashes de Twitter. Necesitan debate parlamentario, consenso o al menos mayoría estable, claridad jurídica, y mecanismos de seguimiento. Nada de eso hubo aquí.

España lleva años sin una política de vivienda coherente. La Ley de Arrendamientos Urbanos se ha parcheado tantas veces que ya no es una ley: es un Frankenstein jurídico. La crisis del alquiler no la generó ninguna guerra (ni siquiera la de Irán que sirve de justificación al decreto). La generó la falta de parque público, la especulación consentida durante décadas, la ausencia de un mercado regulado, y la dejadez política de gobiernos de todos los colores que prefirieron no tocar el avispero.

Prorrogar contratos dos años por decreto, sin financiación, sin contrapartidas para el pequeño propietario, sin más parque público detrás, no resuelve la crisis del alquiler. La pospone. Y cuando el parche caduca (como ha caducado ahora), la herida está más infectada.

La solución no es un decreto cada semana. La solución es hacer política de verdad. Que es, precisamente, lo más difícil.