Los países de la Unión Europea celebrarán el próximo mes de noviembre en Dublín una reunión de alto nivel para abordar la crisis de la vivienda, uno de los problemas sociales y económicos que más presión está generando en las grandes ciudades europeas. La cita se enmarcará en la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que se desarrollará entre julio y diciembre de 2026.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras reunirse en Bruselas con la alianza de alcaldes europeos Mayors for Housing, integrada por representantes municipales que reclaman mayor implicación de las instituciones comunitarias ante el encarecimiento del acceso a la vivienda. En el encuentro participaron, entre otros, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Roma, Roberto Gualtieri; y el de París, Emmanuel Grégoire.

Costa situó la vivienda entre los asuntos más urgentes para millones de europeos y advirtió de que la falta de asequibilidad está alimentando la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas. El presidente del Consejo Europeo vinculó además la escasez de vivienda con problemas de movilidad laboral, productividad, demografía, consumo y vulnerabilidad social.

Aunque la vivienda sigue siendo una competencia principalmente nacional, regional y local, Costa defendió que la Unión Europea puede desempeñar un papel de apoyo y coordinación. A su juicio, el problema exige una gobernanza multinivel en la que participen ciudades, regiones, Estados miembros e instituciones comunitarias, especialmente en un momento en el que la UE negocia su próximo presupuesto a largo plazo.

La Comisión Europea trabaja ya en la futura Ley Europea de Vivienda Asequible, que deberá presentarse en 2026 y que busca ofrecer herramientas a Estados, regiones y ayuntamientos para actuar en zonas sometidas a una fuerte presión inmobiliaria. Entre los asuntos que contempla figuran la identificación de áreas tensionadas, las medidas sobre alquileres de corta duración y la respuesta frente a prácticas especulativas.

El debate se produce en un contexto de fuerte deterioro de la accesibilidad a la vivienda en la UE. Según la Comisión Europea, desde 2013 los precios de la vivienda han subido más de un 60% en la Unión, mientras que los alquileres medios han aumentado alrededor de un 20%, con incrementos superiores en áreas urbanas. Bruselas también señala que solo entre el 6% y el 7% del parque residencial europeo es vivienda social, que un 20% de las viviendas permanecen vacías y que los alquileres de corta duración crecieron un 93% entre 2018 y 2024.

En paralelo, los alcaldes europeos han reclamado más capacidad regulatoria y más recursos para actuar sobre el terreno. Collboni ha defendido que la crisis habitacional pone en cuestión derechos básicos en las ciudades, como la posibilidad de permanecer en el propio barrio o desarrollar un proyecto de vida sin ser expulsado por los precios. La alianza de alcaldes reclama una definición europea de zona tensionada de vivienda, más financiación directa para las ciudades y medidas sobre sinhogarismo, especulación inmobiliaria y alquileres turísticos.

El alcalde de Barcelona sostuvo que la crisis ya no afecta solo a los colectivos más vulnerables, sino también a jóvenes y clases medias urbanas. En su intervención, defendió un nuevo enfoque europeo que combine regulación, inversión y herramientas adaptadas a cada territorio, de modo que las ciudades puedan justificar medidas excepcionales cuando el esfuerzo económico de los hogares supere determinados umbrales.

La Comisión Europea también ha situado la vivienda dentro de su plan para aumentar la oferta de inmuebles asequibles, sostenibles y de calidad. Entre sus propuestas figuran impulsar nueva construcción y rehabilitación, movilizar inversión pública y privada, reducir cargas administrativas, mejorar la eficiencia energética y proteger a los colectivos más afectados, especialmente jóvenes, estudiantes, trabajadores esenciales y personas en situación de vulnerabilidad.

La reunión de noviembre en Dublín no resolverá por sí sola una crisis que lleva años gestándose, pero confirma un cambio político relevante: la vivienda ha dejado de ser vista únicamente como un problema municipal o estatal para convertirse en una cuestión europea.