El Gobierno prevé que España cumpla en 2026 con las reglas fiscales europeas, aunque el gasto público computable crecerá más de lo previsto inicialmente. Según el Informe de Progreso Anual remitido a la Comisión Europea, el gasto computable aumentará un 4,2% este año, por encima del objetivo del 3,5% recogido en el Plan Fiscal y Estructural 2025-2028, pero dentro de los márgenes permitidos por el nuevo marco fiscal comunitario.

El documento forma parte del sistema de seguimiento anual que deben presentar los Estados miembros a Bruselas. El nuevo marco europeo de gobernanza fiscal exige a cada país informar sobre el avance en la senda de gasto neto, así como sobre las reformas e inversiones comprometidas en sus planes de medio plazo. En el caso de España, el Plan Fiscal y Estructural 2025-2028 sustituyó al antiguo Programa de Estabilidad y al Programa Nacional de Reformas como principal instrumento de planificación fiscal.

El informe confirma que España cumplió la regla de gasto en 2025. El gasto primario neto, también llamado gasto computable, creció un 4,5% el pasado ejercicio, dentro de los márgenes establecidos, aunque también por encima del objetivo inicial del Ejecutivo. En el acumulado de 2024 y 2025, el crecimiento fue del 8,7%, lo que genera un saldo positivo equivalente al 0,2% del PIB en la llamada cuenta de control. Ese colchón podrá servir para compensar eventuales desviaciones futuras.

Una de las claves del cumplimiento está en el gasto en defensa. Para calcular la senda fiscal se ha tenido en cuenta el incremento registrado en 2025, equivalente a 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable. España solicitó el pasado 13 de abril la activación de la cláusula nacional de escape, una herramienta de flexibilidad propuesta por la Comisión Europea para acomodar el aumento del gasto en seguridad y defensa. Otros 17 Estados miembros han pedido también acogerse a esta fórmula.

Esa cláusula permite excluir parte del aumento del gasto militar del cómputo fiscal, en un contexto marcado por el refuerzo presupuestario en defensa dentro de la Unión Europea. Según el Gobierno, España habría alcanzado ya el 2% del PIB en gasto en defensa, de acuerdo con las últimas estimaciones de la OTAN.

Para 2026, el Ejecutivo calcula que el gasto computable crecerá un 4,2% en términos anuales. En el acumulado del periodo 2024-2026, el aumento se situaría en el 13,3%. Aunque estas cifras superan la senda inicial del Gobierno, el informe sostiene que las desviaciones se mantienen por debajo de los umbrales permitidos por las reglas fiscales europeas. 

En el cuadro macroeconómico, el Gobierno mantiene sin cambios la previsión de crecimiento real del PIB para 2026 en el 2,2%. El Ejecutivo evita, por ahora, una revisión completa del escenario económico debido a la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y a la volatilidad de los mercados energéticos. Economía estima que el impacto sobre el PIB podría oscilar entre una y cuatro décimas, en función de la duración del conflicto.

Sí se revisa al alza el deflactor del PIB, una medida de precios vinculada a la evolución de la economía. La previsión para 2026 pasa del 2,1% inicial al 3,1%, como consecuencia del arrastre estadístico del cierre de 2025, ejercicio en el que el deflactor promedió un 2,9%, frente al 2,6% previsto inicialmente.

El Gobierno también mantiene su previsión de reducción del déficit y la deuda pública. Para 2026, el informe calcula que el déficit se situará en el 1,5% del PIB si se excluyen todas las partidas extraordinarias, en el 1,6% si solo se descuentan los gastos vinculados a las inundaciones de principios de año y las medidas pendientes de la dana, y en el 2,1% si se computan todas las partidas. En cualquiera de esos escenarios, el Ejecutivo sostiene que se mantendría dentro del objetivo previsto en el Plan Fiscal.

La deuda pública bajaría hasta el 99,3% del PIB en 2026, por debajo del umbral del 100%. Según el Gobierno, esto permitiría adelantar un año el objetivo fijado para el final de la legislatura. El superávit primario, por su parte, aumentaría hasta el 0,9% del PIB sin el impacto de catástrofes naturales, y se situaría en el 0,4% incluyendo las partidas extraordinarias.

El informe remitido a Bruselas también recoge el avance de las reformas e inversiones que justifican la ampliación del periodo de ajuste fiscal a siete años. Según el Ejecutivo, se han completado las etapas previstas para 2025 en la reforma fiscal, la simplificación de la homologación de títulos universitarios extranjeros, la mejora de la gestión de la incapacidad temporal mediante convenios con las comunidades autónomas, el denominado Régimen 20 y el Proyecto Viena para la construcción de viviendas asequibles.