Cuando Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado, compareció para prometer su cargo, hace ahora apenas cinco meses, habló de “sanar la profunda herida” abierta por la condena del Tribunal Supremo a su predecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. Sus palabras gustaron mucho en el seno de Institución sumida en el descrédito desde que Dolores Delgado llegó al cargo, sin solución de continuidad, desde el Ministerio de Justicia del Gobierno que la nombró. La decisión provocó la salida de varios miembros históricos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de sensibilidad izquierdista, entre los que estaban el entonces fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, el actual jefe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, y su mujer, la también fiscal, Almudena Lastra. Aquel gesto demostró, por primera vez, que en el seno del Ministerio Público más allá de la ideología había profesionales dispuestos a mantener sus principios, su independencia y su compromiso con la defensa de la legalidad, intactos.

Quizás por eso a muchos no nos sorprendió que cuando en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny, se fraguaba una ilegalidad para “ganar el relato” político de Pedro Sánchez, contra la pareja de su más temida rival política, Isabel Díaz Ayuso, la fiscal Lastra se diese cuenta de la encerrona y se negase a participar en el entuerto. De su departamento no saldría aquella nota de prensa, repleta de datos confidenciales de un ciudadano particular, por la que su máximo superior jerárquico, García Ortiz, acabó condenado e inhabilitado para el cargo. Sin embargo, pese a haber hecho lo correcto y señalar, con datos, durante el juicio del Supremo, que el titular de la Carrera había actuado como un vulgar delincuente -borrando sus móviles para ocultar el origen de la filtración de los correos de Alberto González Amador-, Lastra ha sido la protagonista involuntaria de la purga más descarnada de los últimos años en la Institución.

Así las cosas, el pasado jueves 30 de abril, en el Consejo Fiscal, Peramato propuso –y el Gobierno de Pedro Sánchez rubricará– 22 nuevos nombramientos discrecionales entre los que está el relevo de Lastra por Isabel Martín, una fiscal de la Secretaría Técnica, órgano de máxima confianza de la fiscal general, que figura casi 900 puestos por debajo de la defenestrada en el escalafón. No es un fin de mandato, de cinco años de trabajo impecable y sin tacha, ni un ajuste técnico. Es una vendetta en toda regla.

Lastra no cometió ningún error profesional, ninguno de sus compañeros de la Fiscalía Superior presentó candidatura para competir con ella por el puesto, conscientes de su compromiso y su valía, y no había en su Memoria Técnica nada que no avalase su gestión. Simplemente cometió el error de con su deber y desafiar a la cúpula del poder, testificando conforme a su conciencia y la verdad material de lo ocurrido. Y eso, en la Fiscalía colonizada por el sanchismo, se paga caro.
 

El patrón de Peramato ha seguido el rastro del que inauguró Dolores Delgado y, después, perfeccionó García Ortiz: premiar la lealtad ideológica y personal por encima del mérito, la capacidad y la antigüedad. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) que es una asociación minoritaria, que sólo representa al 8% de los fiscales y copa los puestos de poder, ha vuelto a salir reforzada. Ascensos para el entorno directo de García Ortiz, incluida su propia esposa, Pilar Fernández, como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia. Y, cómo no, promoción al Supremo de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid que entregó los correos del caso Ayuso y que también estuvo imputada por revelación de secretos.

Lo que estamos viviendo no es una mera sucesión de cargos o cambios de liderazgo por razones técnicas. No. Es la consumación de un plan sistemático de colonización de la Fiscalía. El Gobierno nombra al fiscal general a dedo –sin que medie más exigencia que la afinidad política, ni garantías de independencia– y éste, a su vez, distribuye los puestos clave entre los siguientes. El resultado es tan previsible como nefasto: un Ministerio Público que actúa como brazo ejecutor del poder ejecutivo de turno, en lugar de como garante del Estado de Derecho.
 

La purga de Almudena Lastra es especialmente simbólica porque desnuda la hipocresía del discurso oficial. Se habla de “feminismo”, de “mérito”, de “profesionalidad” y de “empoderamiento” e “igualdad”, pero cuando una fiscal mujer, experimentada y con un historial impecable –que además gestionó con solvencia casos muy complejos, incluso, en pandemia– se atreve a enfrentarse a la injusticia, se la destituye sin contemplaciones y en su lugar se coloca a una incondicional del aparato, aunque su currículo sea muy mejorable. El mensaje a toda la Carrera es perverso. El que se mueva no sale en la foto.

Una Fiscalía politizada es una Fiscalía inútil contra la corrupción cuando salpica a los propios y cruel cuando toca a los adversarios. Es la antesala de la impunidad selectiva, el derecho penal de autor, el quién y no el qué. Pero es, sobre todo, la demostración de que Pedro Sánchez y los suyos no conciben el poder sin control absoluto de las instituciones que, por el contrario, fueron concebidas para fiscalizarlo.

Frente al nepotismo, el sectarismo y los ‘aplaudidores’, Almudena Lastra se va, sin hacer ruido, con la cabeza muy alta. La institución, en cambio, sale todavía más debilitada. Mientras el Gobierno siga tratando la Fiscalía como un feudo propio, la democracia española seguirá siendo de tercera regional.