La Audiencia Provincial de Murcia ha iniciado la vista del conocido caso de las presuntas irregularidades en la emisión de facturas en el municipio de Villanueva del Río Segura, un procedimiento que investiga hechos ocurridos entre los años 2007 y 2011 y que, tras más de una década de instrucción, llega a la fase final con importantes cambios en las peticiones de condena.

El desarrollo del juicio ha estado marcado por la comunicación de acuerdos entre las defensas de los principales implicados y el Ministerio Fiscal, lo que ha supuesto una notable modificación respecto a las penas inicialmente solicitadas. Estos pactos, según han explicado las partes, se han visto favorecidos por la prolongada duración del procedimiento, uno de los argumentos centrales para la aplicación de atenuantes.

En el caso del exalcalde del Partido Popular, José Luis López Ayala, su representación legal ha confirmado que el acusado asumirá los hechos que se le atribuyen. Esta decisión permite la aplicación de circunstancias atenuantes, entre ellas la confesión y las dilaciones indebidas del proceso judicial, lo que reduce de forma significativa la posible condena. De este modo, la pena solicitada quedaría por debajo de los dos años de prisión, una cifra clave ya que abre la puerta a la suspensión de la ejecución al no contar el acusado con antecedentes penales.

Por otro lado, el exconcejal de Archena Brígido Palazón, vinculado a la formación Unión Independiente del Pueblo, afronta una situación procesal también más favorable de la prevista inicialmente. Su defensa sostiene que la causa ha quedado finalmente reducida a un único delito de falsedad documental, lo que rebaja de manera considerable la petición de condena. En este contexto, se está negociando una pena aproximada de cinco meses de prisión, igualmente susceptible de ser suspendida.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo alcanzado entre las partes es la reducción de la responsabilidad civil. La cantidad inicial, que ascendía a unos 120.000 euros, se vería disminuida hasta aproximadamente 10.000 euros, una rebaja sustancial que también forma parte del pacto global entre acusaciones y defensas.

Tanto los abogados como las partes implicadas han justificado estos acuerdos en la extraordinaria duración del proceso judicial, que se ha prolongado durante más de diez años desde su inicio. Este factor ha sido determinante a la hora de aplicar las atenuantes y cerrar un acuerdo que evita, en buena medida, la celebración de un juicio más extenso y con penas previsiblemente más elevadas.