El Partido Popular y varias comunidades autónomas gobernadas por los populares han defendido este miércoles en el Senado una iniciativa para paralizar las demoliciones de edificios afectados por la Ley de Costas y abrir una revisión de la normativa estatal del litoral. La propuesta plantea una moratoria sobre los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la suspensión de actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición que puedan afectar a propietarios y titulares de concesiones.

La iniciativa ha sido presentada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El texto busca elevar al Pleno de la Cámara Alta una petición de suspensión de las demoliciones vinculadas a la Ley de Costas, en un debate al que han acudido representantes de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, citados por el PP para abordar los conflictos abiertos en distintos puntos del litoral español.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido que la moratoria debe aplicarse a todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas cuando los procedimientos puedan suponer limitaciones o pérdida de derechos de propiedad privada o concesionales. La dirigente popular ha sostenido que “no puede haber una sola familia que pierda su hogar ni una empresa que pierda su local” por la aplicación de estos expedientes.

La propuesta del PP consta de diez medidas y reclama, entre otros puntos, una “revisión ordenada, seria y consensuada” de la Ley de Costas y del conjunto de la normativa del litoral. También pide la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para reunir al Gobierno central y a las comunidades autónomas afectadas, con el objetivo de abordar la situación de los núcleos costeros y de las edificaciones incluidas en procedimientos de deslinde.

La Ley de Costas tiene como objetivo la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre, especialmente la ribera del mar. Los deslindes delimitan qué terrenos forman parte de ese dominio público, una cuestión clave porque puede afectar a viviendas, negocios, concesiones administrativas o terrenos que durante años han tenido uso residencial o económico.

A pesar de que este debate no es nuevo, ha ganado intensidad en los últimos meses por los expedientes abiertos en distintos territorios. En la Región de Murcia, el PP ha señalado casos en zonas como Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre, donde sostiene que hay cientos de viviendas afectadas por nuevos deslindes o por procedimientos derivados de la normativa estatal.

También la Comunidad Valenciana ha vivido un choque jurídico por esta cuestión. El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente varios artículos de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, aprobada en 2025, tras admitir a trámite un recurso del Gobierno central contra preceptos que pretendían proteger determinados asentamientos tradicionales frente a los deslindes previstos por la normativa estatal.

Para el PP, la aplicación actual de la Ley de Costas está generando inseguridad jurídica y amenaza a familias y negocios asentados desde hace décadas en el litoral. Los populares sostienen que la protección ambiental debe compatibilizarse con la realidad social, económica y patrimonial de muchos núcleos costeros. 

La iniciativa saldrá previsiblemente adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, aunque deberá elevarse después al Pleno para su convalidación definitiva. Con ello, los populares buscan aumentar la presión política sobre el Gobierno central y abrir una negociación territorial sobre la Ley de Costas.