La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su rechazo al nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas aprobado por el Parlamento Europeo, al considerar que las cláusulas de salvaguardia previstas para el arroz son “totalmente ineficaces” y no protegerán de forma real a los productores europeos frente al aumento de las importaciones a bajo precio. La organización asegura sentirse “defraudada” por una votación que, a su juicio, ha desaprovechado la ocasión de reforzar la defensa de un cultivo estratégico.

El Parlamento Europeo respaldó el pasado 28 de abril la renovación de este instrumento comercial por 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones. El sistema permite que países en desarrollo puedan exportar productos a la Unión Europea con aranceles reducidos o nulos, con el objetivo de favorecer la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y su integración en la economía mundial. La nueva regulación se aplicará durante diez años una vez sea formalmente adoptada por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE.

La normativa incluye una salvaguardia automática específica para el arroz, que se activará cuando las importaciones aumenten un 45% respecto a la media de los últimos diez años. Desde Bruselas se defiende que este mecanismo permitirá suspender temporalmente las preferencias arancelarias y restablecer los aranceles de nación más favorecida cuando se superen determinados volúmenes de entrada.

Sin embargo, UPA considera que ese umbral es demasiado alto y que llegará tarde para los productores. Según la organización, la cláusula se activaría a partir de unas 570.000 toneladas anuales de arroz importado, cuando los efectos negativos sobre el mercado ya se producen, según sus cálculos, desde las 200.000 toneladas. “A partir de 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos en el mercado”, advierte la organización agraria.

El malestar del sector se centra especialmente en las importaciones procedentes de países como Camboya y Myanmar, que, según UPA, presionan los precios del arroz producido en España. La organización lamenta que no hayan prosperado las reclamaciones de países productores como España, que pedían cláusulas de salvaguardia más intensas para evitar que el aumento de entradas a bajo precio termine hundiendo las cotizaciones en origen.

UPA también critica la posición de los países europeos no productores, a los que acusa de haber actuado con una visión “egoísta” al priorizar el acceso a importaciones baratas frente a la protección de los agricultores comunitarios. La organización sostiene que esta situación se agrava por una normativa de etiquetado que, según denuncia, no permite al consumidor conocer con claridad el origen del arroz que compra. “Los consumidores no saben de dónde proviene el arroz que están comprando, pues no es obligatorio que se refleje en la etiqueta”, señala.

La organización agraria insiste en que continuará presionando en Bruselas para revisar el sistema en 2027, cuando se abra una nueva ventana para abordar sus condiciones. “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión. Si creemos en una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, ha señalado UPA.

El sector compara además estas cláusulas con otras medidas de protección incluidas en acuerdos comerciales como el de la UE con Mercosur, donde, según UPA, los mecanismos se activan con variaciones mucho menores. Para los arroceros, la diferencia entre un umbral del 45% y otros instrumentos más sensibles refleja una protección insuficiente para un producto básico en la alimentación y con fuerte arraigo territorial en varias zonas productoras españolas.

UPA dirige también sus críticas a las industrias envasadoras, a las que acusa de actuar de forma irresponsable al aprovechar el contexto de importaciones baratas. La organización considera que esta dinámica debilita a los agricultores que suministran la materia prima y compromete el futuro del cultivo en España.

Por ello, la organización reclama al Gobierno central un plan específico para proteger al sector productor de arroz español. “Exigimos al Gobierno que auspicie un plan de protección al sector productor de arroz español, cuyo futuro está en serio peligro por estas importaciones masivas a bajo precio y protegidas por cláusulas inútiles en la práctica y un etiquetado que oculta a los consumidores el origen del producto”, concluye UPA.