La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos reclama precios justos para los cereales ante una campaña que considera especialmente difícil para los productores. La organización agraria advierte de que el encarecimiento de carburantes y fertilizantes, unido a una meteorología adversa y a unas cotizaciones muy bajas en origen, puede llevar a pérdidas a agricultores de cultivos como la cebada, el trigo, el maíz o el arroz.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha alertado de que la guerra en Irán está teniendo un impacto directo sobre los costes de producción, especialmente por el incremento del precio de los combustibles y los fertilizantes. A diferencia de lo ocurrido en los primeros compases de la guerra en Ucrania, cuando los cereales registraron subidas importantes, ahora los agricultores se encuentran con el peor cruce posible: costes al alza y precios de venta deprimidos.

Según los datos manejados por UPA, la cebada cotiza en torno a 182 euros por tonelada, el trigo a 203 euros y el maíz a 219 euros, niveles que la organización considera insuficientes para cubrir los costes reales de producción. El impacto es especialmente duro en los cultivos extensivos y, dentro de ellos, en los de regadío, donde el peso del gasóleo, la energía y los fertilizantes es mayor.

El maíz aparece como uno de los cultivos más afectados. UPA advierte de que, con los precios actuales, muchos agricultores pueden replantearse las siembras, especialmente en un contexto de incertidumbre sobre la rentabilidad de la campaña. La organización extiende esta preocupación al arroz, que también atraviesa una crisis de precios y acumula altos niveles de stock en manos de los productores.

Fertilizantes disparados y márgenes en negativo

La presión sobre los costes se ha intensificado en las últimas semanas. UPA señala que los abonos de fondo han subido de media de 100 a 140 euros por tonelada, mientras que los nitrogenados, especialmente la urea, se han disparado. En algunas zonas ni siquiera se ofrece precio y, en otras, se sitúa entre 850 y 920 euros por tonelada.

La organización advierte además de que en el campo empieza a extenderse el temor a un posible desabastecimiento de nitrogenados en la parte final de la campaña, debido a la reducción de importaciones y de producción nacional por los elevados precios del gas natural, materia prima esencial para este tipo de fertilizantes.

UPA ha realizado una simulación basada en los estudios ECREA del Ministerio de Agricultura. En el caso del maíz, manteniendo constantes el resto de variables respecto a 2024 e incluyendo la ayuda anunciada de 55 euros por hectárea, un agricultor medio pasaría de obtener un beneficio de 247 euros por hectárea a registrar unas pérdidas de 346 euros por hectárea. Para cubrir costes, la organización calcula que el precio del maíz debería situarse, como mínimo, en 251 euros por tonelada.

En el caso de la cebada, el impacto es algo menor al tratarse de un cultivo de otoño-invierno, pero también preocupante. Con una producción media en secano de 2.861 kilos por hectárea, un precio de 182 euros por tonelada y teniendo en cuenta la futura ayuda de 22 euros por hectárea por el encarecimiento de fertilizantes, UPA estima pérdidas de 175 euros por hectárea. Para cubrir costes, la cebada debería alcanzar los 243 euros por tonelada.

Llamamiento a intermediarios, industrias y administraciones

Ante esta situación, UPA reclama “sensatez y responsabilidad” a los agentes que intervienen en la compra de productos agrícolas. La organización acusa a determinados operadores de influir en la formación de precios anormalmente bajos en materias primas como maíz, trigo, cebada o arroz, aprovechando la volatilidad del mercado para obtener beneficios mientras los agricultores trabajan por debajo de costes.

La organización agraria también dirige su mensaje a la industria de los piensos, a la que pide que dé “un paso al frente” y pague por los cereales un precio que permita cubrir los costes de producción de los agricultores españoles. UPA sostiene que, aunque los cereales han estado tradicionalmente sujetos a los mercados internacionales, existen factores nacionales que deberían elevar unas cotizaciones que considera “de ruina”.

Cano reclama además la intervención de comunidades autónomas, Gobierno central y Unión Europea para reunir a agricultores, operadores e industrias y garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. El objetivo, según UPA, debe ser asegurar una rentabilidad suficiente para que los agricultores puedan sacar adelante sus cosechas sin asumir pérdidas estructurales.

La organización recuerda que España ha perdido en la última década un millón de hectáreas de cereales, que han pasado a cultivos leñosos, una tendencia que considera preocupante para la soberanía alimentaria del país. A su juicio, la pérdida de superficie cerealista debilita el suministro para la industria alimentaria, las cooperativas y la ganadería, que depende de estos cultivos como base de alimentación.

UPA concluye que el sector necesita precios justos, no discursos de acompañamiento. Los agricultores, señala Cano, asumen cada año el riesgo de sembrar, invertir y esperar una cosecha que después puede no cubrir siquiera los costes. En plena subida de insumos, con el clima en contra y las cotizaciones hundidas, el cereal vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: quién gana cuando quien produce alimentos trabaja a pérdidas.