Murcia se ha convertido este fin de semana en punto de encuentro del debate europeo sobre la situación de jueces, magistrados y fiscales interinos, sustitutos y honorarios. La European Network of Associations of Lay Judges, ENALJ, ha reclamado desde la capital regional la adopción de medidas urgentes para garantizar condiciones laborales dignas, estabilidad y una mayor equiparación de derechos para estos profesionales, que desempeñan funciones esenciales en distintos sistemas judiciales europeos.

La reivindicación se ha producido durante el acto central de la Asamblea General Ordinaria de ENALJ, que se celebra en Murcia con la participación de asociaciones procedentes de catorce países. La organización ha advertido de que, pese a las diferencias existentes entre los modelos judiciales de cada Estado, existe un problema común: la presencia de profesionales que ejercen tareas jurisdiccionales relevantes sin contar, en muchos casos, con la misma estabilidad, protección social o reconocimiento que la judicatura titular.

Durante la jornada, las asociaciones españolas pusieron el acento en la situación de los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos. La presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, Lydia Polo Alba, señaló que España mantiene aún sin resolver el abuso de temporalidad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera titular.

Según los datos expuestos por la asociación, en España hay 1.010 jueces sustitutos, más del 70% mujeres, dentro de un colectivo que lleva años reclamando una solución estable conforme al Derecho de la Unión Europea. Polo defendió que el problema no afecta solo a las condiciones laborales de estos profesionales, sino también al propio funcionamiento del servicio público de Justicia.

La sentencia Obadal, en el centro del debate

La reciente sentencia Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha atravesado buena parte del debate celebrado en Murcia. Las asociaciones consideran que este pronunciamiento marca un punto de inflexión al exigir respuestas efectivas, proporcionadas y disuasorias frente al abuso de temporalidad en el sector público.

En esa línea se pronunció la presidenta de la Asociación Plataforma Judicatura Interina, Inmaculada Domínguez Oliveros, quien sostuvo que el actual proyecto de ley orgánica no responde plenamente a las exigencias europeas. A su juicio, los procesos selectivos abiertos a terceros, las indemnizaciones limitadas y la falta de reconocimiento completo de la antigüedad no garantizan una reparación adecuada para quienes han encadenado años de ejercicio temporal.

Domínguez reclamó una solución legislativa urgente que asegure una estabilización real y una reparación efectiva del colectivo. Las asociaciones insisten en que no se trata de una cuestión corporativa, sino de corregir una precariedad estructural que afecta a profesionales que han asumido durante años funciones propias de jueces, magistrados y fiscales de carrera.

También intervino la presidenta de la Asociación de Fiscales Sustitutos de España, Rosa Navarro Sánchez, quien reivindicó la fijeza y la equiparación plena de condiciones laborales para los abogados fiscales sustitutos. Según explicó, se trata de casi 500 profesionales, mayoritariamente mujeres y mayores de 50 años, que representan alrededor del 20% del Ministerio Público y desempeñan las mismas funciones que los fiscales de carrera.

Navarro denunció una contratación temporal abusiva y continuada durante décadas, contraria, según la asociación, a la Directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada. Por ello, defendió que la respuesta debe pasar por la estabilidad y por el reconocimiento de los mismos derechos laborales para quienes sostienen una parte relevante del funcionamiento diario de la Fiscalía.

Un problema con distintas caras en Europa

El resto de asociaciones participantes expuso la situación de sus respectivos países, con modelos muy distintos entre sí, pero atravesados por preocupaciones comunes. Entre los asuntos analizados figuraron el acceso a la función, las retribuciones, la seguridad laboral, los criterios de cese, la protección social y el reconocimiento institucional de quienes ejercen funciones judiciales sin formar parte de la carrera permanente.

ENALJ agrupa actualmente a asociaciones de jueces legos, honorarios, sustitutos o temporales bajo distintas denominaciones nacionales. En Alemania se habla de Schöffen; en Italia, de jueces honorarios; en Polonia, de lawnicy; y en los países nórdicos, de lekdommare. Aunque cada sistema responde a su propia tradición jurídica, la red europea defiende un principio común: la participación ciudadana y no permanente en la administración de justicia debe desarrollarse con garantías, formación, derechos y reconocimiento.

La Asamblea contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell; el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera; la concejal Mercedes Bernabé Pérez, en representación del alcalde de Murcia; el vocal del Consejo General del Poder Judicial Carlos Hugo Preciado, por conexión telemática; y el presidente de ENALJ, Rainer Sedelmayer.

También participaron el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Joaquín Martínez Salmerón; el portavoz de Sumar en dicha comisión, Enrique Santiago; magistradas de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia; y el magistrado jubilado del TSJ de la Región de Murcia Joaquín Ángel de Domingo.

Una red europea nacida en 2012

La European Network of Associations of Lay Judges nació en Berlín en 2012 como una red europea destinada a reunir a asociaciones de jueces legos y honorarios y a reforzar la participación ciudadana en la administración de justicia como principio democrático. Actualmente agrupa a una veintena de asociaciones de catorce países europeos.

Además de su labor representativa, ENALJ desarrolla proyectos europeos de formación, entre ellos SELECT, StrEnghten Lay and honorary judges European CompeTencies, orientado a mejorar la capacitación de jueces legos y honorarios en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Con la Asamblea celebrada en Murcia, la red europea busca situar de nuevo sobre la mesa una cuestión que combina justicia, empleo público y derechos fundamentales: cómo garantizar que quienes participan en la función jurisdiccional lo hagan con independencia, estabilidad y condiciones dignas.