El juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo después de catorce sesiones, más de un mes de vista oral y la declaración de más de setenta testigos. Sobre la mesa queda ahora una resolución de alto impacto judicial y político que deberá responder a varias incógnitas: si existió una presunta organización criminal vinculada al Ministerio de Transportes, si hubo pago de comisiones a cambio de contratos y favores, qué valor concede el tribunal a la confesión de Aldama y qué efectos puede tener el fallo sobre otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

La causa llegó a juicio oral después de que el instructor del Supremo acordara en diciembre de 2025 sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los hechos vinculados a la contratación irregular de mascarillas durante la pandemia. En aquel auto se mantuvo la prisión provisional para el exministro y su exasesor, mientras que Aldama quedó con obligación de comparecer periódicamente, prohibición de salir de España y retirada de pasaporte.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Les atribuye, en distinto grado, delitos relacionados con organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan sus peticiones para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel, mientras que reclaman una pena inferior para Aldama por su colaboración.

Una sentencia sin fecha cerrada

Los siete magistrados del tribunal deben deliberar ahora sin un plazo legal concreto para dictar sentencia. Distintas fuentes apuntan a que el fallo podría tardar alrededor de un mes o mes y medio, aunque no se espera antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, por la práctica habitual del Supremo de evitar interferencias en momentos electorales.

La intención del tribunal será, previsiblemente, buscar una resolución lo más sólida posible ante un procedimiento de enorme exposición pública. No se trata solo de decidir sobre la responsabilidad penal de los tres acusados, sino de fijar un criterio sobre una causa que ha tenido ramificaciones políticas, mediáticas y judiciales desde su origen.

La primera gran incógnita: si hubo una trama en Transportes

La cuestión central que deberá resolver el Supremo es si Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una estructura organizada para favorecer adjudicaciones durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que existió un acuerdo privilegiado para que dos contratos de mascarillas fueran adjudicados a una empresa introducida por Aldama, mientras que las defensas niegan la existencia de una organización criminal y rechazan que hubiera un reparto de papeles dirigido desde el Ministerio.

Durante el juicio también se han examinado otras gestiones que, según la acusación, habrían beneficiado a Aldama o a personas de su entorno, como contactos vinculados a una licencia de hidrocarburos o el eventual impulso del rescate de Air Europa. Ábalos y Koldo García han negado haber actuado para favorecer irregularmente al empresario.

El tribunal deberá decidir si esas gestiones forman parte de un patrón penalmente relevante o si, como sostienen las defensas, no pasan de contactos, reuniones o actuaciones sin contraprestación acreditada. Ahí está uno de los grandes nudos de la sentencia: separar el ruido político de la prueba penal.

¿Dónde está el dinero?, la pregunta incómoda

Otro de los puntos decisivos será la supuesta existencia de pagos. Las defensas de Ábalos y Koldo García han insistido durante el juicio en que no existe una prueba directa de que recibieran mordidas de Aldama. Rechazan tanto los supuestos pagos mensuales como el disfrute de inmuebles vacacionales que les atribuye la acusación.

La Fiscalía, en cambio, considera que el incremento patrimonial y el manejo de efectivo por parte de Koldo García son elementos relevantes para sostener que hubo cobros. La defensa del exasesor ha respondido que el uso de dinero en efectivo no es por sí mismo ilegal y ha vinculado parte de esos fondos a reembolsos de gastos del PSOE, extremo que fue discutido en la vista.

La credibilidad de Aldama

La declaración de Víctor de Aldama será otra de las piezas centrales de la sentencia. El empresario ha reconocido su participación y ha señalado a Ábalos y Koldo García como receptores de pagos, en una estrategia de colaboración que busca mejorar su posición procesal. La Fiscalía mantiene para él una petición de siete años de prisión, mientras que las acusaciones populares han solicitado una pena más baja en atención a su colaboración.

Las defensas han intentado erosionar su credibilidad, subrayando contradicciones, intereses propios y el beneficio que podría obtener con su confesión. El Supremo deberá valorar si su testimonio queda corroborado por otros elementos de prueba o si, por el contrario, resulta insuficiente para sostener condenas de la gravedad solicitada.

Las contrataciones de mujeres vinculadas a Ábalos

El fallo también deberá analizar las contrataciones de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, y de Claudia Montes en empresas públicas. La cuestión es si el exministro realizó gestiones irregulares para facilitar esos empleos o si su intervención se limitó, como él defiende, a presentar currículos o hacer recomendaciones sin relevancia.

Esta derivada conecta además con otra investigación abierta en la Audiencia Nacional, especialmente en lo relativo al papel de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada por la contratación de Jéssica Rodríguez. Lo que establezca el Supremo puede influir en la lectura de esos hechos, aunque cada procedimiento mantenga su propio cauce.

Efectos en la Audiencia Nacional

La sentencia del Supremo no cerrará todas las ramificaciones del caso. En la Audiencia Nacional siguen abiertas otras líneas de investigación vinculadas al denominado caso Koldo, entre ellas las relativas a presuntos amaños de obra pública y a posibles pagos o reembolsos en efectivo dentro del PSOE. De hecho, la Audiencia Nacional ha reclamado ya las declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama en el juicio del Supremo al considerar que aportan datos de interés para esas investigaciones.

Esa conexión convierte el fallo en una pieza especialmente relevante. Si el Supremo da por acreditada una dinámica de pagos, favores o intermediación irregular, la Audiencia Nacional podrá utilizar esa base como contexto para otras pesquisas. Si, por el contrario, la sentencia debilita la tesis de la organización criminal o de las comisiones, el efecto también se dejará notar en las investigaciones paralelas.

El juicio paralelo y la última palabra de Ábalos

Más allá del plano estrictamente jurídico, el juicio ha estado marcado por su dimensión pública. Ábalos ha denunciado haberse enfrentado a una especie de “juicio paralelo” y ha sostenido que se le ha juzgado más por su figura política y personal que por los hechos concretos. En su última palabra, insistió en su inocencia y en que el procedimiento estaba condicionado por filtraciones y por una exposición mediática constante.

Esa será, precisamente, otra de las tensiones de la sentencia: dictar una resolución penal en un caso que lleva meses instalado en la conversación política. El Supremo deberá responder con hechos probados, valoración de prueba y fundamentos jurídicos. Todo lo demás queda fuera del fallo, aunque haya acompañado al procedimiento desde el primer día.

Así, la resolución deberá aclarar si el caso mascarillas fue una trama corrupta incrustada en Transportes durante la pandemia o si la acusación no ha conseguido probar los delitos en los términos planteados. A partir de ahora, los magistrados deberán traducir semanas de declaraciones, documentos y versiones enfrentadas en una sentencia que determine qué hechos considera probados y qué consecuencias penales tienen.