El Gobierno ha aprobado la asignación de 304 millones de euros para que determinadas entidades locales puedan hacer frente a sus obligaciones pendientes de pago con proveedores durante 2026. La medida, acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se canalizará a través del Mecanismo de Pago a Proveedores, una herramienta ya utilizada en ejercicios anteriores para facilitar que los ayuntamientos con mayores retrasos puedan saldar facturas pendientes con empresas, pymes y autónomos.

El sistema se articulará mediante la suscripción de préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, por un importe máximo total de 304 millones. Según Hacienda, el objetivo es mejorar la situación financiera de los municipios y reducir los plazos de pago a proveedores, una cuestión sobre la que España ha estado bajo vigilancia europea durante años. De hecho, el Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha cerrado recientemente el procedimiento de infracción abierto en 2015 por el incumplimiento de la Directiva de Morosidad en Operaciones Comerciales, tras constatar una mejora en los plazos de pago de las administraciones públicas.

El mecanismo contempla dos vías: una de adhesión obligatoria y otra de carácter voluntario. En total, podrían beneficiarse hasta 206 ayuntamientos. De ellos, 26 estarán obligados a acogerse al procedimiento, con una financiación máxima prevista de 206,5 millones de euros. Se trata de municipios que han registrado de forma reiterada en los últimos trimestres un Periodo Medio de Pago a proveedores superior a 60 días y cuya corrección tendría un mayor impacto en la reducción del periodo medio global del subsector local.

Entre los ayuntamientos incluidos de forma obligatoria figura Mazarrón. También aparecen en esta relación municipios como Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jaén, Vélez-Málaga, Badalona, Parla o Santiago de Compostela, entre otros.

En estos casos, las entidades locales deberán comunicar sus obligaciones pendientes de pago a través de la plataforma habilitada en la Agencia Tributaria. Los proveedores afectados podrán aceptar el cobro mediante este procedimiento, aunque deberán renunciar a la percepción de intereses y otros conceptos. Si no aceptan acogerse al mecanismo, conservarán sus derechos de cobro, pero esas facturas no podrán ser cubiertas por el Fondo de Financiación a Entidades Locales y deberán ser atendidas directamente por los propios ayuntamientos.

Para poder formalizar los préstamos, los consistorios deberán aprobar además un plan de ajuste, que tendrá que recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En el caso de los ayuntamientos obligados a adherirse, la formalización de los préstamos deberá realizarse antes del 29 de julio de 2026.

La segunda vía será voluntaria y estará abierta a entidades locales que hayan registrado un incremento puntual del Periodo Medio de Pago en el último trimestre de 2025 hasta superar los 90 días. Hacienda cifra en 180 los ayuntamientos que podrían solicitar su incorporación a esta modalidad, por un importe máximo de 97,6 millones de euros. En la Región de Murcia, podrán acogerse de forma voluntaria los municipios de Campos del Río y Ceutí.

También en esta modalidad será necesario presentar un plan de ajuste con valoración favorable de Hacienda y trasladar la información de las facturas pendientes a la plataforma de la Agencia Tributaria. Las órdenes de pago a los proveedores que acepten este procedimiento deberán aprobarse antes del 25 de septiembre de 2026.

El acuerdo fija además las condiciones financieras de los préstamos. No habrá periodo de carencia y la amortización comenzará en octubre de 2027, con vencimiento previsto hasta octubre de 2041, ambos meses incluidos.

Junto a esta medida, el Gobierno ha aprobado destinar 500 millones de euros del Fondo de Financiación a Entidades Locales para atender necesidades extraordinarias de ayuntamientos afectados por las inundaciones registradas a comienzos de año en Andalucía y Extremadura, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

Estos fondos podrán emplearse para financiar gastos corrientes y de capital derivados de actuaciones municipales para paliar los efectos de los temporales. Además, los importes asignados al Fondo de Impulso Económico podrán destinarse a proyectos de inversión necesarios para reparar los daños ocasionados por la catástrofe. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de las entidades locales, que no podrán incluir actuaciones ya financiadas por otras vías para evitar una doble financiación.