UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en el transporte por carretera a partir del 8 de junio si el Gobierno no da respuesta a la reclamación del sector para acceder a la jubilación anticipada sin penalización. La protesta afectaría al transporte de mercancías y viajeros por carretera y busca presionar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que tramite las normas necesarias que permitan aplicar coeficientes reductores a los conductores profesionales.

El anuncio lo han realizado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Antonio Oviedo, y el responsable federal del sector de Carreteras, Urbanos y Logística, Diego Buenestado. Ambos han advertido de que el sindicato mantendrá la convocatoria si no recibe una contestación clara por parte de Seguridad Social en las próximas semanas. La convocatoria todavía deberá formalizarse en los plazos legales, previsiblemente a finales de mayo.

El conflicto parte de la petición presentada hace meses por sindicatos y patronales del sector para que los conductores puedan adelantar su edad de jubilación mediante coeficientes reductores, una herramienta prevista para profesiones con condiciones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. El objetivo es que los años trabajados en actividades de mayor desgaste permitan anticipar la retirada sin que ello suponga un recorte en la pensión.

UGT sostiene que el transporte por carretera reúne las condiciones para acceder a este mecanismo por la elevada exigencia física y mental de la profesión, las largas jornadas, la exposición al riesgo en carretera, la nocturnidad, la carga de responsabilidad y los problemas de salud asociados a años de conducción profesional. No hablan de un privilegio, sino de reconocer que no todos los trabajos desgastan igual ni permiten llegar a la edad ordinaria de jubilación en las mismas condiciones.

El procedimiento para reconocer estos coeficientes quedó regulado por el Real Decreto 402/2025, que establece cómo deben evaluarse las actividades profesionales con altos índices de penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad. La norma prevé informes técnicos y la intervención de una comisión de evaluación antes de que el Gobierno pueda aprobar, mediante real decreto, la aplicación de esos coeficientes a un colectivo concreto.

La solicitud para el transporte por carretera fue presentada conjuntamente por UGT, CCOO y las patronales CETM y Confebús hace siete meses. Seguridad Social debía responder en un plazo de seis meses, pero el sector denuncia que ese plazo ya se ha superado sin resolución.

El precedente de las movilizaciones de marzo

La convocatoria de huelga llega después de meses de presión sindical. El pasado 10 de marzo, miles de transportistas se concentraron frente al Ministerio de Transportes para reclamar la jubilación anticipada de los conductores profesionales. En aquella protesta, UGT y CCOO ya advirtieron de que podrían endurecer las movilizaciones si el Gobierno no desbloqueaba el expediente.

El sindicato considera que el retraso administrativo está generando incertidumbre en miles de trabajadores que podrían cumplir los requisitos para acogerse a este mecanismo. Desde UGT insisten en que el problema no puede seguir aplazándose porque afecta directamente a la salud laboral, la seguridad vial y las condiciones de salida del mercado de trabajo de un colectivo envejecido.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, ha trasladado que el informe requerido se encuentra en su fase final. Sin embargo, esa explicación no ha frenado la convocatoria de UGT, que exige una respuesta concreta y un calendario de aplicación.

Mercancías y viajeros, pendientes del 8 de junio

La huelga anunciada afectaría tanto al transporte de mercancías como al de viajeros por carretera, dos ámbitos esenciales para la movilidad cotidiana y para el abastecimiento. De ahí el alcance potencial de la convocatoria, que podría tener impacto en rutas de autobús, servicios discrecionales, distribución y logística si no se alcanza antes un acuerdo o una respuesta satisfactoria.

UGT espera que otras organizaciones sindicales se sumen a la protesta e incluso confía en que las patronales mantengan su apoyo a la reclamación, dado que la solicitud inicial fue compartida por representantes empresariales y sindicales del sector.

La organización sindical defiende que la jubilación anticipada sin penalización no solo es una reivindicación laboral, sino también una medida de seguridad. A su juicio, permitir una salida ordenada a conductores de mayor edad en un sector especialmente exigente contribuiría a proteger tanto a los trabajadores como al conjunto de usuarios de la carretera.

Con esta convocatoria, UGT eleva la presión sobre el Gobierno y convierte la jubilación anticipada en el eje de un conflicto que puede escalar en las próximas semanas. El calendario ya está sobre la mesa: si no hay respuesta antes, el transporte por carretera tiene marcada en rojo la fecha del 8 de junio.