La futura alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, afronta uno de los mayores desafíos políticos de los últimos años en el Ayuntamiento capitalino. Tras el fallecimiento de José Ballesta, Pérez asumirá oficialmente la Alcaldía el próximo 22 de mayo con el objetivo de completar una legislatura marcada por la necesidad de estabilidad institucional, la continuidad de los grandes proyectos urbanos y la gestión del desgaste político de un relevo inesperado.

La dirigente popular, que hasta ahora ejercía como vicealcaldesa y portavoz municipal, se convertirá además en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Murcia. Su llegada al cargo se produce en un contexto especialmente delicado para el Partido Popular local, obligado a reconstruir el liderazgo político y emocional de la ciudad tras la desaparición de Ballesta, una figura con fuerte peso institucional y personal dentro del municipio.

Entre los proyectos pendientes que marcarán el final de legislatura de Rebeca Pérez destacan varias actuaciones estratégicas que el Ayuntamiento de Murcia deberá acelerar antes de 2027.

Uno de los principales frentes es el nuevo modelo de transporte público metropolitano, considerado una de las grandes apuestas del equipo de gobierno. El plan incluye la renovación completa de la flota de autobuses, nuevas conexiones transversales entre pedanías y la consolidación del tranvibús como alternativa de movilidad sostenible.

También seguirá sobre la mesa la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen y la futura estación intermodal, un proyecto valorado en cerca de 93 millones de euros y todavía en fase técnica. El objetivo municipal es conectar el norte y el sur de la ciudad y sentar las bases de una futura red metropolitana.

Otro asunto clave será la recuperación del yacimiento de San Esteban, una actuación urbanística y patrimonial emblemática impulsada durante la etapa Ballesta. El proyecto contempla la creación de una gran plaza pública y un jardín andalusí junto al enclave arqueológico.

A ello se suma el despliegue del plan municipal de videovigilancia y refuerzo de la seguridad, que prevé la instalación de más de mil cámaras en barrios y pedanías y que requerirá ejecución y coordinación técnica antes del final del mandato.