El Gobierno regional estudia recurrir parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que el modelo aprobado por el Ejecutivo central impone más gasto a las comunidades autónomas y limita su margen de actuación en una materia de competencia autonómica. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha mostrado su rechazo al “fondo y a la forma” del plan durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, celebrada en Madrid y presidida por la ministra Isabel Rodríguez.

La posición de la Región llega en una jornada en la que todas las comunidades autónomas han avalado el reparto de los fondos del nuevo plan, que movilizará 7.000 millones de euros hasta 2030. El acuerdo, sin embargo, no ha eliminado las discrepancias políticas y jurídicas de varias autonomías gobernadas por el PP, que aceptan la distribución económica pero cuestionan parte del diseño del programa.

En el caso de la Región, García Montoro ha señalado que el Ejecutivo regional está de acuerdo con recibir el 4,4% de los fondos que corresponden a la Región, pero rechaza el nuevo esquema de cofinanciación. El plan establece que el Estado aporte el 60% y las comunidades autónomas el 40% de la financiación, aunque en 2026 las transferencias estatales no estarán condicionadas a esa cofinanciación autonómica. A partir de 2027 y hasta 2030, sí quedarán vinculadas a esa aportación conjunta.

El consejero ha calificado este cambio como “un nuevo yo invito y tú pagas” y ha criticado que la Región pase de una cofinanciación del 20% al 40%. A su juicio, este incremento resulta “desproporcionado” en una comunidad que, según ha recordado, arrastra problemas de infrafinanciación autonómica. “Se multiplica exponencialmente la aportación autonómica, cargando ese sobrecoste sobre los ciudadanos de la Región de Murcia”, ha denunciado.

Críticas a la protección permanente y a la gestión autonómica

Uno de los principales puntos de fricción es la exigencia de que las viviendas públicas o protegidas promovidas o adquiridas con fondos del plan mantengan esa condición durante toda su vida útil. El Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda recoge esta premisa como uno de sus compromisos fundamentales, vinculada al objetivo de incrementar el parque de vivienda pública, protegida y asequible.

García Montoro sostiene que esta obligación podría afectar a legislaciones autonómicas que contemplan plazos amplios de protección, pero no necesariamente permanentes. El consejero ha advertido de que esta exigencia puede obligar a modificar normativas regionales y retrasar la firma de convenios o la ejecución de actuaciones previstas.

El responsable regional también ha señalado que el dictamen del Consejo de Estado, según la interpretación de la Consejería, advierte de que la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central puede suponer una injerencia excesiva en las competencias autonómicas. Sobre esa base, el Ejecutivo regional analizará la posibilidad de recurrir parte del plan.

La Comunidad considera además que el nuevo marco limita la capacidad de gestión de las autonomías al imponer programas uniformes sin atender suficientemente a las necesidades específicas de cada territorio. “Las comunidades debemos tener margen para priorizar las actuaciones que mejor respondan a su realidad social y territorial”, ha defendido García Montoro, que ha acusado al plan de tener un “marcado carácter intervencionista”.

Un plan con 308 millones para la Región

El debate se produce después de que el Gobierno central anunciara que el Plan Estatal de Vivienda movilizará 308 millones de euros en la Región de Murcia hasta 2030. Para la anualidad de 2026, la asignación prevista asciende a 35,2 millones de euros. El Ministerio defiende que el nuevo programa triplica los fondos gestionados por las comunidades autónomas y que permitirá impulsar vivienda asequible, rehabilitación y ayudas a colectivos con dificultades de acceso.

El plan reserva al menos un 40% de los fondos a construcción y adquisición de vivienda, un 30% a rehabilitación del parque existente y el 30% restante a medidas de protección para colectivos y territorios con mayores necesidades. También incluye mecanismos de transparencia, cláusulas antifraude y obligaciones de información pública vinculadas a las adjudicaciones de vivienda protegida.

Pese a aceptar el reparto económico, el consejero de Fomento ha reprochado al Ministerio la tardanza y la falta de transparencia en la tramitación. Según García Montoro, el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros no fue trasladado previamente a las comunidades, lo que a su juicio evidencia una actuación “unilateral” del Gobierno central.

También ha criticado que el plan llegue “con más de un año de retraso” y ha advertido de que 2026 puede convertirse en un ejercicio prácticamente perdido para la aplicación efectiva de algunas medidas. En su opinión, el Ministerio apura los plazos y después puede trasladar a las comunidades la responsabilidad de posibles demoras.

Rechazo a las exigencias de publicidad institucional

Otro de los puntos cuestionados por el Ejecutivo regional es la vinculación de la transferencia de fondos a requisitos de publicidad institucional y organización de actos públicos. García Montoro ha calificado de “inaceptable” que la llegada de recursos quede supeditada a exigencias que considera propagandísticas.

El consejero ha acusado al Ministerio de anteponer el “autobombo político” a la eficacia en la gestión de la vivienda y ha defendido que el plan debería centrarse en medidas útiles para aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a jóvenes, familias y rentas medias.