La imputación de José Luis rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, la primera vez en la historia que un presidente de Gobierno es formalmente investigado en el ámbito penal, hizo que muchos, en Ferraz, respirasen hondo y mirasen hacia otro lado. Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental resonaron en los pasillos de Moncloa, donde el juez José Luis Calama entró con un auto minucioso, contundente y sin rodeos que sitúa al expresidente como el núcleo de liderazgo en una estructura estable y organizada para ejercer sus influencias en diferentes administraciones, altos cargos, países y personalidades, a nivel transnacional, con epicentro en su despacho madrileño y ramificaciones internacionales que extiende sus tentáculos hacia Venezuela, Cuba, China y hasta Emiratos Árabes. 
 

El rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánches concedió a Plus Ultra en 2021, aquella aerolínea hispano-venezolana en horas bajas, ya no parece solo un error de gestión como resultado de la urgencia y de la excepcionalidad de una pandemia sanitaria. No. Ahora las evidencias apuntan a que la inyección del erario fue el vehículo empleado por ZP y todas sus conexiones para blanquear fondos opacos procedentes de PDVSA (la petrolera estatal venezolana), del oro del Orinoco y, sobre todo, de los programas CLAP, diseñados para la distribución de alimentos que prometían aliviar el hambre de los venezolanos cuando, en realidad, sólo buscaban perpetuarla para hacer caja. Enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. No hay nada más deleznable y repugnante que eso.

El tsunami, por lo tanto, llegaba de la mano de una resolución judicial que era inapelable, incluso, para los acérrimos defensores del histórico socialista, pero no sólo salpicando el pasado sino, además, amenazando con arrasar el presente, el de un Pedro Sánchez, que en los pasillos del Congreso salía al quite de las acusaciones que pesan sobre de su predecesor, aunque consciente de que el caso Plus Ultra no es un capítulo cerrado de la era Zapatero. El Consejo de ministros que Sánchez presidía fue quien dio el visto bueno definitivo a esa inyección de dinero público. De manera que, si se demuestra que hubo irregularidades graves, la responsabilidad política —y eventualmente penal— podría escalar. 
 

Los socios del Gobierno lo saben y empiezan a tomar distancias, inquietos, ante un vendaval que puede acabar arrasando con Sumar, PNV y Junts, en favor de la izquierda alternativa por la que clama Rufián, Bildu que está al borde del sorpasso y Allianza Catalana que aprieta, sin tregua, en el municipalismo de Puigdemont.  No es solo la imagen de corrupción, es que el relato que han vendido durante años —el socialismo como sinónimo de solidaridad, igualdad, progreso y defensa de los más débiles— choca frontalmente con las evidencias que emergen de la investigación. ¿Cómo explicar que un exdirigente socialista, que aún hoy se presenta como mediador de paz en Venezuela, figure en el centro de una trama que presuntamente se lucraba con el sufrimiento de un pueblo sumido en la miseria? Ahí, en la incongruencia moral de esta historia es donde radica el problema. Zapatero, es ese líder mesiánico que mientras en su discurso hablaba de “solidaridad internacional”, de mejorar la vida de la gente, de la Alianza de Civilizaciones o de un socialismo humanista y ético, ahora, está señalado por haber intermediado y dirigido operaciones que habrían permitido desviar recursos de programas alimentarios destinados a los más pobres de Venezuela. Fondos del CLAP, gestionados por el régimen chavista, que según la investigación habrían encontrado caminos opacos hacia sociedades instrumentales vinculadas al entorno del expresidente y sus hijas, hasta reportarles un total, a bote pronto, de casi 2 millones de euros. 

 La imagen es insoportable. Mientras bajo el régimen chavista de su gran amigo Nicolás Madurovla población hacía colas interminables por un kilo de arroz o un paquete de harina, en Madrid y otros paraísos financieros como Panamá, Dubai o República Dominicana se movían comisiones astronómicas como pagos irregulares al entramado, por los favores prestados fuera de los cauces legales, según el auto del juez Calama.

 La izquierda española, que tanto ha criticado los “recortes” y las políticas “neoliberales” del Partido Popular que, supuestamente, condenan a la pobreza a miles de españoles tiene que explicar cómo uno de sus iconos más visibles, aunque no el único de los suyos, pudo enriquecerse —o al menos intentarlo— con la angustia, la desesperación y el dolor de todo un pueblo porque la incoherencia es abismal. 

El socialismo español, que ha construido su narrativa moral sobre la defensa del vulnerable, ha quedado en evidencia gracias a la actuación de la Justicia española y la cooperación internacional. Con los datos de EE.UU., Francia y Suiza sobre la mesa de la UDEF y bajo la supervisión de un juez de la Audiencia Nacional, el cuadro es muy diferente: un expresidente convertido en facilitador de negocios opacos con el régimen que ha llevado a Venezuela a la ruina humanitaria y al éxodo de más de 8 millones de ciudadanos que, un día, perdieron su libertad. 

Asumir esta realidad tiene un doble coste para Sánchez. Por una parte, la credibilidad interna entre sus socios de legislatura —especialmente aquellos que han hecho de la “regeneración democrática” y la lucha contra la corrupción su bandera—quienes ven cómo el PSOE arrastra un lastre judicial cada vez más pesado. El caso Koldo, las pesquisas alrededor de Begoña Gómez y el hermano del presidente y, ahora, el tornado Zapatero forman un patrón que erosiona la narrativa de “gobierno decente”. Y, si bien es cierto que, por el momento, ERC y Bildu se mantienen pragmáticos y apuestan por seguir apoyando por interés un Gobierno paralizado, la factura política sube. Exigen gestos, ceses o, al menos, explicaciones y, a cambio, encuentran un silencio que se volverá insostenible cuando el 2 de junio Zapatero tenga que declarar en la Audiencia Nacional.
 

Por otra parte, la oposición, con el PP en cabeza, ya no solo habla de amnistías por interés o de ‘mordidas’ a cambio de obra pública. Habla de un ecosistema de poder socialista donde las influencias se pagan y los rescates públicos se convierten en canales de blanqueo para el dinero que llega desde el mismísimo infierno. Feijóo y los populares han encontrado, en este escándalo, munición pesada para la sesión de control y para las próximas citas electorales.
 

La presunción de inocencia existe, por supuesto, y Zapatero niega las acusaciones, dispuesto a colaborar, dice. Pero la mera imputación de un expresidente —el primero en democracia por delitos de corrupción severa— marca un antes y un después en el relato político del socialismo patrio. Con la causa Plus Ultra se ha roto el dique que separaba la política de alto nivel, de los tribunales y se ha puesto en evidencia la fragilidad de un Ejecutivo, el de Sánchez, que depende de socios volátiles, que acumula cada vez más frentes judiciales y que lleva cuatro años sin presentar Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, el “tsunami Zapatero” no es solo una crisis de imagen. Es la manifestación más cruda de una incongruencia profunda: la de un socialismo que predica solidaridad desde los atriles mientras sus referentes, presuntamente, se forran con el drama humanitario de un país hermano. Venezuela no fue solo un error de política exterior. Fue, según las pesquisas judiciales, un negocio financiero e ideológico muy rentable. Y ese negocio, con las manos manchadas de podredumbre, está llamando a las puertas de Moncloa.