Madrid se ha teñido este sábado, 23 de mayo, de amarillo para dar voz a una reivindicación que llevaba años creciendo en silencio dentro de las aulas de 0 a 3 años. Miles de educadoras infantiles llegadas desde distintos puntos del país han recorrido el centro de la capital para exigir la dignificación del primer ciclo de Educación Infantil, una etapa que la ley reconoce como educativa, pero que las profesionales aseguran que sigue funcionando demasiadas veces con salarios bajos, ratios elevadas y una falta crónica de recursos.

La marcha, convocada por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles junto a sindicatos como CGT y CCOO, ha reunido a trabajadoras de escuelas infantiles públicas, privadas y concertadas tras semanas de huelgas y movilizaciones en diferentes territorios. La protesta partió de Atocha y avanzó hasta la Puerta del Sol, con camisetas amarillas, pancartas y una consigna repetida durante todo el recorrido: “No es guardería, es educación”.

La Delegación del Gobierno situó la participación en torno a 7.000 personas, mientras que los convocantes elevan la cifra a entre 15.000 y 20.000 manifestantes. La protesta se ha convertido en una de las movilizaciones más visibles hasta ahora del sector 0-3 en España.

La movilización llega después de la huelga estatal del 7 de mayo y de la huelga indefinida iniciada en Madrid el pasado 7 de abril, que actuó como punto de partida de un movimiento que se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas. Las educadoras reclaman que sus condiciones laborales dejen de depender del territorio, del tipo de centro o de la empresa gestora, y que exista una regulación común que garantice mínimos en todo el Estado.

Ratios, salarios y falta de reconocimiento

Las demandas principales del colectivo pasan por la bajada de ratios, la implantación de la pareja educativa (dos profesionales por aula), más personal de apoyo para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, mejoras salariales y estabilidad laboral. Las profesionales denuncian que una sola educadora puede llegar a atender aulas con ocho bebés menores de un año, catorce niños de uno a dos años o veinte de dos a tres, cifras que consideran incompatibles con una atención educativa de calidad.

El movimiento también denuncia la precariedad de un sector altamente feminizado. En España trabajan unas 61.000 educadoras en alrededor de 11.000 centros, públicos y privados, que atienden a cerca de medio millón de niños. Muchas profesionales aseguran que sus salarios se sitúan cerca del salario mínimo y que la sobrecarga diaria impacta directamente en su salud física y mental.

Una de las frases recogidas durante la protesta resume el malestar acumulado: “Se llenan la boca de salud mental y nos tienen acribilladas”. Detrás de ese cansancio hay años de jornadas intensas, exigencia emocional, falta de apoyos y una contradicción que el colectivo denuncia con fuerza, ya que se les exige sostener una etapa fundamental para el desarrollo infantil, pero sin las condiciones necesarias para hacerlo con garantías.

Una etapa educativa reconocida por ley

El colectivo insiste en que mejorar sus condiciones significa también mejorar la atención a la infancia. El Real Decreto 95/2022 establece que la Educación Infantil es una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, organizada en dos ciclos: el primero hasta los tres años y el segundo de tres a seis.

La normativa también señala que la finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en sus dimensiones física, emocional, afectiva, social, cognitiva y artística. Es decir, no se trata de custodiar a niños mientras sus familias trabajan, sino de acompañar una fase decisiva de su desarrollo.

La LOMLOE incorporó además el mandato de avanzar hacia una oferta pública suficiente y asequible del primer ciclo de Infantil, con equidad, calidad y garantía de su carácter educativo. Esa es una de las bases legales que las plataformas utilizan para reclamar a Gobierno y comunidades autónomas que pasen del reconocimiento formal a los recursos reales.

Presencia de la Región de Murcia

La movilización estatal contó también con participación de la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 de la Región de Murcia, que ya había anunciado su presencia en Madrid para sumarse a la marea amarilla. El colectivo murciano comparte las demandas estatales: reducción de ratios, pareja educativa, personal especializado para alumnado con necesidades educativas especiales, mejores condiciones laborales e integración efectiva del primer ciclo en el sistema educativo.

Desde la Región, las educadoras han denunciado que la red actual mantiene problemas tanto en el ámbito público como en el privado. Señalan precariedad salarial, falta de reconocimiento y una visión todavía demasiado vinculada a la conciliación laboral. Para el movimiento, el aumento de plazas gratuitas de 0 a 3 años no basta si no va acompañado de financiación suficiente, plantillas estables, condiciones dignas y calidad educativa.

Una protesta que va más allá del sector

Las plataformas del 0-3 han advertido de que mantendrán la presión para conseguir compromisos concretos de las administraciones y de las patronales. En las últimas semanas, el movimiento ha preparado una batería de medidas que incluye nuevas concentraciones, mociones en ayuntamientos y denuncias ante la Inspección de Trabajo.

La protesta ha conseguido sacar del aula un malestar que durante años había quedado dentro de los centros. Lo que empezó como una reivindicación laboral ha terminado convirtiéndose también en una defensa de la infancia y de la calidad educativa. Las educadoras sostienen que no puede haber una etapa 0-3 digna si quienes la sostienen trabajan con sueldos bajos, ratios imposibles y falta de apoyos.

La marea amarilla deja la imagen de miles de profesionales reclamando que la educación empieza antes de los tres años y que la vocación no puede seguir utilizándose como sustituto de los derechos laborales.