La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ha abierto una de las fases más relevantes del caso Plus Ultra, una investigación que indaga el presunto funcionamiento de una red de influencias vinculada al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021. El expresidente del Gobierno ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El juez José Luis Calama investiga si el antiguo jefe del Ejecutivo pudo haber tenido un papel relevante en las gestiones realizadas ante distintas instancias públicas para favorecer a Plus Ultra, tanto en relación con la ayuda aprobada por el Estado como con otras operaciones internacionales atribuidas por los investigadores a la presunta trama. La causa, no obstante, se encuentra todavía en una fase inicial y deberá avanzar con el análisis de la documentación intervenida y las declaraciones de los implicados.

Zapatero ha defendido públicamente su inocencia y ha asegurado que ejercerá su derecho de defensa “con toda la firmeza y toda la convicción”. El expresidente sostiene que jamás realizó gestión alguna ante ninguna administración pública relacionada con el rescate de Plus Ultra, una posición que también ha respaldado el PSOE, que apela a la presunción de inocencia del exmandatario.

Una declaración con fuerte impacto político y judicial

La comparecencia del 2 de junio tendrá una carga evidente. Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre 2000 y 2012, acudirá ante la Audiencia Nacional asistido por su abogado, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena.

El auto de imputación y los informes policiales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sitúan el foco en una presunta estructura organizada para ejercer influencia ante administraciones y organismos públicos. Los investigadores analizan, además, posibles movimientos económicos a través de sociedades vinculadas a personas próximas al expresidente y a su entorno familiar.

La causa ha provocado una evidente sacudida política. El Gobierno ha cerrado filas en torno a Zapatero, mientras que el PP, Vox y Hazte Oír ya figuran personados como acusaciones populares o han anunciado iniciativas vinculadas al procedimiento. Algunas de estas acusaciones han avanzado que solicitarán medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte diplomático o la prohibición de salir de España.

Los registros de la UDEF y la documentación intervenida

La investigación dio un salto relevante con los registros practicados por la UDEF en distintos puntos de Madrid, entre ellos el despacho de Zapatero, situado en las inmediaciones de la calle Ferraz, y sociedades vinculadas a su entorno familiar. Los agentes intervinieron documentación, dispositivos electrónicos, agendas y otros efectos que ahora deberán ser analizados para determinar su posible relevancia en la causa.

Uno de los elementos bajo examen es el supuesto flujo de pagos procedentes de empresas relacionadas con la presunta trama. La Audiencia Nacional también ha ordenado el bloqueo parcial de cuentas vinculadas al expresidente y a sus hijas dentro de la investigación por presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Los investigadores tratan de aclarar si determinadas sociedades pudieron actuar como instrumentos para canalizar fondos o dar apariencia legal a pagos vinculados a operaciones de influencia. Entre las empresas mencionadas en el procedimiento figura What The Fav, sociedad de las hijas del expresidente, que aparece en el auto como una de las entidades sobre las que se centra parte del análisis judicial.

El entorno de Zapatero, también bajo la lupa

El juez también pone el foco en personas de su entorno profesional y familiar. Entre ellas figura su secretaria, a la que los investigadores atribuyen un papel relevante en la operativa diaria de la presunta red, a falta de que se concrete formalmente su situación procesal.

También aparece mencionada María Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, por su cotitularidad en una cuenta bancaria compartida con el expresidente en la que, según la investigación, se habrían producido ingresos procedentes de empresas vinculadas a la trama. Esa cuenta forma parte de los activos sobre los que la Audiencia Nacional ha acordado medidas de bloqueo parcial.

La UDEF deberá ahora revisar el material intervenido para determinar si existen indicios suficientes que refuercen las sospechas iniciales del juez o si, por el contrario, la defensa logra desmontar las tesis de los investigadores. El caso entra así en una etapa decisiva, con una declaración clave en el horizonte y con una derivada política de alto voltaje para el PSOE y el Gobierno.

Una causa todavía abierta

Pese al impacto de la imputación, el procedimiento se encuentra aún en una fase temprana. La condición de investigado permite al expresidente declarar con asistencia letrada y conocer los hechos que se le atribuyen, pero no implica condena ni anticipa el desenlace judicial.

La declaración del 2 de junio será, por tanto, el primer gran punto de inflexión. A partir de ahí, el juez deberá decidir si mantiene el avance de la investigación, si acuerda nuevas diligencias o si adopta medidas cautelares en función de lo que soliciten las acusaciones y de la valoración del material reunido hasta ahora.