El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este lunes, 25 de mayo, una reunión de alto nivel con varios miembros del Gobierno y los agentes sociales para analizar el impacto económico y social de la guerra en Irán y estudiar qué medidas podrían mantenerse más allá de junio.

La cita tendrá lugar en el Ministerio de Economía y contará también con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales asistirán el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El objetivo del encuentro es hacer seguimiento de las consecuencias de la crisis en Oriente Medio sobre hogares, empresas y sectores especialmente expuestos a los costes energéticos. El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un plan integral de respuesta a través de un real decreto ley, con medidas por valor de más de 5.000 millones de euros y vigencia, en buena parte de los casos, hasta el 30 de junio.

Qué ayudas siguen y cuáles se desactivan

El Ejecutivo quiere aprovechar las próximas semanas para decidir, junto a sindicatos, patronal y sectores afectados, qué medidas deberán prorrogarse una vez expire el primer paquete anticrisis. En el caso de los carburantes, las ayudas fiscales continuarán hasta el 30 de junio, ya que los precios han superado el umbral del 15% de variación anual fijado en el decreto.

Entre esas medidas figuran el IVA reducido al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional. Según el Gobierno, sin las medidas aprobadas el precio de los combustibles habría subido cerca de un 30%, lo que mantiene la presión sobre familias, autónomos, transportistas y sectores productivos con fuerte dependencia energética.

En cambio, las medidas vinculadas a la electricidad y al gas natural comenzarán a desactivarse a partir del 1 de junio, después de que los precios hayan bajado lo suficiente en abril. La reducción del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad irá decayendo, aunque se mantendrán hasta el 30 de junio las medidas relativas al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

El IPC, en el centro del análisis

La reunión llega después de que el IPC de abril se situara en el 3,2%, un dato que el Ejecutivo interpreta como señal de que las medidas están ayudando a contener el impacto de la guerra sobre los precios. Según el Gobierno, sin ese escudo la inflación habría sido alrededor de un punto superior.

No obstante, la evolución de los carburantes sigue siendo el principal foco de preocupación. La electricidad y el gas han dado cierto respiro, pero el petróleo continúa condicionado por la tensión en Oriente Medio y por la situación del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito internacional de gas y crudo.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas o los descuentos reforzados del bono social eléctrico, seguirán vigentes. En concreto, el bono social mantiene rebajas del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.