El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta del Plan Social para el Clima, un instrumento dotado con cerca de 9.000 millones de euros para apoyar a hogares vulnerables, usuarios del transporte y microempresas en la transición energética. El documento sale ahora a audiencia pública hasta finales de junio y el Ejecutivo prevé remitirlo a Bruselas antes de que termine el año.
El plan se estructura en dos grandes bloques. El primero, con 4.700 millones de euros, estará destinado a vivienda, rehabilitación energética, barrios vulnerables, comunidades energéticas y autoconsumo colectivo. El segundo, con 4.300 millones, se dirigirá a movilidad sostenible, ayudas al transporte y renovación de vehículos para autónomos, microempresas y pymes.
Durante la presentación, Sánchez defendió que la transición ecológica debe ser también una transición justa. “Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo”, señaló el presidente, que pidió el apoyo de una “amplia mayoría parlamentaria” para desbloquear la llegada de los fondos europeos vinculados al plan.
Vivienda social, rehabilitación y facturas más bajas
En materia de vivienda, el Gobierno plantea destinar los fondos a impulsar nueva vivienda social con altos estándares energéticos y a rehabilitar edificios y barrios enteros para reducir consumos, emisiones y facturas. El objetivo es actuar especialmente sobre los hogares más vulnerables y combatir la desigualdad energética.
La propuesta también contempla apoyo a las comunidades energéticas y al autoconsumo colectivo, con la idea de acercar la producción y el uso de energía renovable a familias, comunidades de vecinos y pequeños consumidores.
Un abono social para el transporte
El segundo eje del plan se centra en la movilidad. Sánchez defendió la creación de un abono único social que permitiría la práctica gratuidad del transporte público urbano, metropolitano e interurbano para millones de ciudadanos.
El Ejecutivo también prevé medidas para reforzar la movilidad rural en colaboración con las comunidades autónomas, así como ayudas para que autónomos, microempresas y pymes puedan renovar sus vehículos y avanzar hacia una movilidad más limpia y asequible. El plan incluye además actuaciones para acelerar la electrificación del transporte comercial y del transporte aéreo.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, subrayó durante el acto la brecha existente entre el acceso a la movilidad en entornos urbanos y rurales, y defendió que el transporte debe convertirse en un elemento de cohesión social y territorial.
Fondos europeos condicionados al trámite parlamentario
El Plan Social para el Clima se financiará con cargo al Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, aunque el Estado debe aportar el 25% del coste total. España tiene asignado un 10,52% de los 65.000 millones previstos por este fondo europeo para el periodo 2026-2032, lo que sitúa el volumen del plan español en torno a los 9.000 millones.
Sin embargo, la llegada de esos recursos está condicionada a la trasposición del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones, conocido como ETS2, que amplía este mecanismo a sectores como el transporte por carretera y los edificios. Esa tramitación sigue pendiente en el Congreso, por lo que Sánchez reclamó apoyo parlamentario para evitar que los fondos queden bloqueados.
Una propuesta abierta hasta junio
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que la propuesta permanecerá en audiencia pública hasta finales de junio y que durante ese mes se celebrará una segunda ronda de talleres. El objetivo, según señaló, es remitir a Bruselas antes de final de año un plan que incorpore aportaciones sociales, institucionales y técnicas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió que el plan supone un nuevo impulso a las políticas de rehabilitación y vivienda tras el Plan de Recuperación, con especial atención a los barrios vulnerables donde más dificultades han tenido para llegar los fondos europeos.
