La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que mantenga el compromiso de aprobar la Ley de Agricultura Familiar durante esta legislatura. La organización ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el titular de Agricultura, en las que consideró “inútil” impulsar esta norma antes de que se concrete la futura reforma de la Política Agraria Común.

Para UPA, aplazar la ley hasta que se conozca el nuevo marco de la PAC supondría, en la práctica, renunciar a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno y a una reivindicación que la organización agraria defiende desde hace más de una década.

“La Ley de Agricultura Familiar debe marcar el paso a Europa, y no al revés”, sostienen desde UPA, que rechaza que la futura norma tenga que limitarse a reproducir o adaptar los planteamientos comunitarios.

Una reivindicación “irrenunciable”

La organización recuerda que la Ley de Agricultura Familiar forma parte de los compromisos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la considera una reivindicación “irrenunciable” para defender el modelo de pequeñas y medianas explotaciones familiares.

UPA defiende que esta ley no debe ser una mera trasposición de la PAC, ya que la política agraria europea, según advierte, todavía está lejos de ser una herramienta plenamente orientada al apoyo de la agricultura familiar. La organización reconoce que en las últimas reformas se han incorporado avances como la degresividad, los techos de ayuda por explotación o la ayuda redistributiva, pero considera que no son suficientes.

En este sentido, UPA subraya que España ya ha sido capaz de adelantarse a Europa en otros ámbitos del sector agrario, como ocurrió con la Ley de la Cadena Alimentaria, que abrió camino frente a las prácticas comerciales desleales, o con la Ley de Titularidad Compartida.

Relevo generacional, agua, tierra y financiación

La organización agraria pide a todas las fuerzas políticas que apoyen la aprobación de una ley que, a su juicio, debe servir para afrontar algunos de los principales problemas estructurales del campo. Entre ellos cita el relevo generacional, el acceso al agua, la tierra y la financiación, además del impulso a programas de innovación y digitalización.

UPA reclama también que la agricultura familiar tenga prioridad en la concesión de ayudas y en el acceso a dotaciones hídricas. Para la organización, no se trata solo de reconocer el valor social de este modelo productivo, sino de garantizar herramientas concretas para que pueda seguir siendo viable.

“Hay muchas formas de apoyar a las explotaciones de carácter familiar, es una cuestión de voluntad política y cuando no existe esa voluntad, sobran las excusas”, señalan desde UPA.

La organización considera especialmente preocupante que esa falta de voluntad pueda venir ahora también del propio Gobierno, después de años reclamando una norma específica para proteger a las explotaciones familiares.

Presión sobre las explotaciones familiares

UPA advierte de que las explotaciones familiares siguen sometidas a fuertes presiones económicas, climáticas y administrativas que dificultan su continuidad. La organización sostiene que aprobar esta ley permitiría dar un marco propio a un modelo agrario clave para mantener población en el medio rural, garantizar producción de alimentos y sostener el tejido social de los pueblos.