El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado la existencia de “mañas” y “métodos no democráticos” que, a su juicio, se estarían utilizando para intentar derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente socialista ha descartado, además, que el presidente del Ejecutivo vaya a adelantar las elecciones.

Puente ha asegurado que el PSOE no va a “consentir” ni “tolerar” este tipo de prácticas y que no se va a “doblegar” ante lo que considera intentos de “perturbar la democracia” mediante procedimientos ajenos a las reglas democráticas.

El ministro ha centrado sus críticas en la gestión política de la investigación relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez y en la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en Ferraz. Según Puente, el Partido Popular habría contado “con carácter anticipado” con información sobre la investigación y sobre la entrada de agentes de la UCO en la sede socialista, y la habría utilizado después para cargar contra el Gobierno durante la sesión de control en el Congreso.

“Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno”, ha afirmado Puente, que ha vinculado esas filtraciones con una estrategia de desgaste político contra el Ejecutivo.

El ministro ha señalado que en el entorno de determinadas investigaciones existen “intereses claros” que, según ha dicho, se estarían traduciendo en “determinada información privilegiada” y en “determinadas acciones” dirigidas contra el Gobierno. “Esto es así de claro”, ha subrayado.

Puente también ha cuestionado que se difundiera información periodística sobre una causa declarada secreta, adelantando una intervención en la sede del PSOE y relacionándola con una supuesta financiación ilegal del partido. A su juicio, este hecho resulta especialmente grave en un contexto en el que, ha recordado, se ha condenado al fiscal general del Estado por una revelación de secretos que, según ha sostenido, consistía en informar a la opinión pública de un bulo.

El titular de Transportes ha pedido tiempo para que la Justicia pueda trabajar y para que “las cosas se esclarezcan”, incluido si hubo participación de otros dirigentes socialistas más allá de Santos Cerdán. En este sentido, ha advertido contra las “conclusiones absolutamente prematuras” que, según ha dicho, pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de muchas personas.

Puente ha recordado que el procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción y ha señalado que en el auto judicial aparecen dos aspectos que considera relevantes: unos presuntos intentos de soborno a dos personas que, según ha indicado, habrían sido “desmentidos categóricamente” por ellas mismas. “Una es un fiscal y la otra es una abogada que nada tienen que ver con el Partido Socialista”, ha defendido.

El ministro no ha querido entrar a valorar si la investigación apunta a la existencia de una estructura interna en el PSOE para interferir en causas judiciales, al considerar que esa cuestión deberá ser aclarada por la propia investigación. Sin embargo, sí ha insistido en que no hace falta esclarecer “los calendarios, las filtraciones” ni la utilización política de una causa secreta, porque, según ha sostenido, “está a los ojos de todo el mundo” y daña seriamente la imagen de la Justicia.

Puente también se ha referido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el marco del caso Plus Ultra, y ha defendido que, desde 2011, es “un ciudadano particular” que no está sometido a las obligaciones propias de un cargo público.

Preguntado por las posiciones de formaciones como el PNV o Coalición Canaria, que han exigido a Sánchez un adelanto electoral o una cuestión de confianza, Puente ha respondido que esas opiniones son “muy respetables”, pero que la decisión del presidente del Gobierno es “firme”.

En esta línea, ha recordado que las legislaturas concluyen cuando se convocan elecciones o cuando prospera una moción de censura, y ha subrayado que la decisión de adelantar los comicios corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

Marlaska defiende la legalidad del Ministerio de Interior

También se ha pronunciado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha defendido que el Gobierno trabaja en “parámetros de legalidad” y que respalda “en todo momento” el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, Marlaska ha negado que el Ejecutivo utilice a las fuerzas de seguridad. Según ha afirmado, el Gobierno les proporciona los medios necesarios para que puedan actuar como lo que son: profesionales, neutrales y pieza fundamental de una sociedad democrática.

El ministro ha marcado diferencias con gobiernos anteriores del Partido Popular y ha sostenido que existe una diferencia “absolutamente sustancial” entre la defensa de las fuerzas de seguridad por parte del actual Ejecutivo y su “utilización o instrumentalización” en otros momentos.

Marlaska ha negado, además, que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, haya mantenido reunión alguna con Leire Díez o con cualquier otra persona investigada en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz.

El titular de Interior ha defendido el “respeto a la legalidad” de la directora de la Guardia Civil y ha asegurado que su labor se ha centrado en respaldar al instituto armado y dotarlo de medios para que pueda desarrollar su trabajo con tranquilidad y neutralidad.

El PSOE niega haber ordenado o amparado conductas delictivas

Por su parte, el PSOE ha negado que haya “ordenado, amparado ni cooperado” en ninguna de las conductas delictivas descritas en el auto del juez Santiago Pedraz sobre el caso Leire Díez.

En un comunicado, los socialistas han explicado que este miércoles recibieron un requerimiento de documentación del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de agentes de la UCO en la sede de Ferraz. Según el partido, la solicitud fue atendida “con plena colaboración” y concluyó a las 00.30 horas de la madrugada.

El PSOE ha recordado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y ha asegurado que dará “todas las explicaciones pertinentes” cuando este se levante. La formación sostiene que es la primera interesada en esclarecer todos los aspectos relativos al caso.

Los socialistas han señalado también que ya venían colaborando con la Justicia sobre hechos coincidentes con este procedimiento que están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Según el partido, la mayoría de las personas citadas en el auto ya han declarado en esa causa, en la que el PSOE aportó la información y documentación requerida.

Por ello, Ferraz considera que “no resulta fácil de entender” que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos, aunque ha reiterado que colabora y seguirá colaborando con toda la información y documentación que se le solicite.

El partido ha expresado nuevamente su respeto por la Justicia y ha defendido su compromiso de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular.

Illa: “Sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es”

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, también se ha referido a la situación política y judicial que atraviesa el PSOE. Illa ha afirmado que respeta a la Justicia, pero ha añadido que no es “ingenuo”.

“Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es”, ha señalado.

Illa ha reivindicado que la fuerza de los socialistas no procede únicamente de su presencia al frente de instituciones como el Gobierno central o la Generalitat, sino de unas convicciones y unos valores que, según ha recordado, el partido cultiva desde hace más de 140 años.

El mensaje de los distintos miembros del Ejecutivo y del PSOE se produce en una semana de máxima presión política y judicial para los socialistas, marcada por el caso Leire Díez, la actuación de la UCO en Ferraz y la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.