El Gobierno prepara una profunda reforma del Reglamento General de Costas que modificará las condiciones de explotación de numerosos negocios ubicados en el litoral español. La actualización normativa responde a las exigencias de la Comisión Europea, que considera que España ha incumplido de forma reiterada los principios de transparencia y libre concurrencia al conceder y prorrogar autorizaciones para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre.

La nueva regulación establecerá que todas las concesiones destinadas a usos comerciales en la costa deberán adjudicarse a través de procedimientos públicos y abiertos, eliminando cualquier preferencia derivada de la antigüedad de los titulares actuales. Asimismo, desaparecerán las renovaciones automáticas, una práctica que Bruselas considera incompatible con la normativa comunitaria.

El borrador fija además nuevos límites temporales para las concesiones. Los proyectos vinculados a la restauración ambiental, la acuicultura o las salinas podrán obtener autorizaciones de hasta 75 años, mientras que los servicios públicos esenciales tendrán un máximo de 50 años. Para actividades de restauración, hoteleras o industriales, el plazo no podrá superar los 30 años.

Los chiringuitos y otras instalaciones temporales en las playas serán algunos de los negocios más afectados. En las playas urbanas, la superficie máxima permitida será de 200 metros cuadrados y deberá mantenerse una distancia mínima de 150 metros entre establecimientos. Además, se exigirá la eliminación de los sótanos. En las playas naturales, la ocupación se reducirá a un máximo de 70 metros cuadrados, de los cuales solo 20 podrán corresponder a espacios cerrados.

La reforma también introduce nuevas restricciones para aquellas construcciones expuestas al avance del mar. No podrán otorgarse concesiones ni ampliaciones a instalaciones que presenten un riesgo evidente de ser alcanzadas por el agua, una medida que podría tener especial incidencia en zonas vulnerables del litoral murciano, como La Manga del Mar Menor.

Otro de los aspectos destacados es la revisión de las prórrogas extraordinarias concedidas en años anteriores. La Administración podrá recalcular su duración para ajustarla exclusivamente al tiempo necesario para amortizar las inversiones realizadas. En caso de desacuerdo por parte del titular, la concesión podría ser revocada, contemplándose una compensación económica.

La modificación normativa afectará igualmente a la navegación en las proximidades de las playas sin balizamiento. Se establecerá una zona de baño de 200 metros de anchura y las embarcaciones deberán reducir su velocidad a un máximo de tres nudos en estas áreas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica defienden que la reforma aportará mayor seguridad jurídica y garantizará el cumplimiento de la legislación europea, evitando posibles sanciones por parte de las instituciones comunitarias. Mientras tanto, ayuntamientos y representantes del sector turístico analizan ya el alcance de unos cambios que transformarán la gestión de las actividades económicas en el litoral español.