El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a las comunidades autónomas de régimen común para iniciar de manera inmediata una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica.

La intención del departamento que dirige Arcadi España es concertar fechas con los distintos gobiernos autonómicos para analizar la propuesta del Ejecutivo y recabar aportaciones antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, CPFF, paso previo a la aprobación del nuevo modelo por parte del Consejo de Ministros y a su tramitación parlamentaria.

El Gobierno mantiene su compromiso de aprobar la reforma antes de que finalice el año, con la vista puesta en que el nuevo sistema pueda entrar en vigor en 2027. No obstante, el recorrido político se presenta complejo, tanto por las reservas expresadas por varias comunidades como por la necesidad de reunir apoyos suficientes en el Congreso.

Las reuniones bilaterales estarán coordinadas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y podrán celebrarse de forma presencial o por videoconferencia, en función de la disponibilidad y preferencia de cada comunidad autónoma.

Algunos presidentes autonómicos del Partido Popular ya han mostrado sus dudas sobre este formato bilateral y han defendido que la reforma debe abordarse en espacios multilaterales, especialmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Un nuevo modelo con más recursos y mayor autonomía fiscal

Según Hacienda, el nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y una revisión de la población ajustada, el indicador que pondera las necesidades de gasto de cada territorio en función de variables demográficas, sociales y geográficas.

La propuesta plantea una estratificación más precisa de los grupos de población y busca adaptar el reparto a factores que influyen en el coste real de los servicios públicos, como el envejecimiento, la dispersión territorial, la población escolar o las necesidades sanitarias.

El modelo también prevé un incremento de la capacidad tributaria de las comunidades, con el objetivo de reforzar su autonomía y corresponsabilidad fiscal. Entre los principales cambios figura el aumento del porcentaje de cesión del IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y del IVA, que subiría del 50% al 56,5%.

Además, Hacienda plantea incorporar a la cesta de impuestos del sistema tributos como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.

La propuesta también contempla la posibilidad de que las comunidades reciban parte de la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios, una medida que el Gobierno vincula a una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal.

Solidaridad, fondo climático y garantía de statu quo

El Ejecutivo defiende que el nuevo modelo refuerza la solidaridad interterritorial mediante un mecanismo de nivelación horizontal que, según Hacienda, será equitativo, objetivo y transparente.

La nivelación vertical quedaría garantizada con una aportación adicional de la Administración central destinada a reforzar la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación pública y las políticas sociales.

El sistema incorpora además un fondo específico para hacer frente al desafío del cambio climático, así como una garantía de statu quo para asegurar que ninguna comunidad autónoma reciba menos recursos que con el modelo vigente.

Al margen del nuevo sistema, Hacienda prevé también un mecanismo dirigido a aquellas comunidades que se sitúan por debajo de la media en recursos per cápita.

Casi 21.000 millones adicionales en 2027

La propuesta inicial de reforma fue diseñada por la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y presentada a comienzos de año. Según los cálculos del Gobierno, el nuevo modelo permitiría a las comunidades autónomas contar en 2027 con cerca de 21.000 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente.

En concreto, Hacienda estima que la reforma aportaría 20.975 millones más en 2027 y que los recursos totales distribuidos por el sistema alcanzarían los 224.507 millones de euros ese año.

El Ejecutivo defiende que esta inyección de recursos permitirá reforzar el Estado del bienestar y mejorar la financiación de las competencias autonómicas, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales.

Rechazo de buena parte de las comunidades

La reforma llega, sin embargo, con un escenario político difícil. Cuando la propuesta fue presentada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero, la mayoría de comunidades autónomas expresó su rechazo o sus reservas al nuevo modelo.

Varios gobiernos autonómicos cuestionaron que la propuesta naciera condicionada por el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, y reclamaron que la financiación autonómica se negocie desde una perspectiva multilateral y no mediante acuerdos bilaterales con territorios concretos.

Algunas comunidades llegaron incluso a plantear la posibilidad de acudir a la vía judicial, mientras que también se han producido dudas en federaciones socialistas de territorios especialmente sensibles al reparto de recursos.

Hacienda insiste, por su parte, en que las reuniones bilaterales servirán para escuchar aportaciones y mejorar el texto antes de elevarlo al CPFF. Arcadi España mantiene así la hoja de ruta para intentar cerrar la reforma antes de que termine el año, aunque el éxito del proceso dependerá tanto de la negociación territorial como de la aritmética parlamentaria.