El Ministerio de Trabajo quiere tener aprobada antes del verano la reforma del registro horario, una de las medidas con las que busca reforzar el control sobre la jornada laboral y combatir las horas extraordinarias no pagadas.

Así lo ha señalado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro y afiliación. Según ha explicado, el Ministerio está realizando los trámites necesarios para reforzar la seguridad jurídica de la norma después del dictamen desfavorable emitido por el Consejo de Estado.

La intención de Trabajo es culminar cuanto antes el proceso y elevar el texto definitivo al Consejo de Ministros para su aprobación. Pérez Rey ha defendido que el objetivo de la reforma es “luchar contra esa lacra” de las horas extraordinarias impagadas, los excesos de jornada y sus consecuencias sobre la conciliación.

El secretario de Estado ha presentado la reforma como una norma “de sentido común” y ha criticado que, en pleno siglo XXI, el control de jornada siga realizándose en algunos casos mediante métodos como registros en papel.

Trabajo insiste en que el registro horario ya existe y es obligatorio, pero considera que el sistema actual no está funcionando con la eficacia necesaria. Por ello, la reforma pretende que el registro “sirva para algo” frente a los abusos de jornada y no se convierta en un mero “quitamultas” para las empresas.

Un registro digital, fiable y no manipulable

La propuesta del Ministerio persigue que el registro horario sea digital, objetivo y verificable en tiempo real. También deberá ser fiable, no manipulable y accesible para la Inspección de Trabajo, de forma que permita comprobar si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos.

Según Trabajo, en España se realizan cada semana más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas. El nuevo sistema busca facilitar el control de estos incumplimientos y mejorar la capacidad de actuación de la Inspección.

La reforma prevé que sean los propios trabajadores quienes realicen los apuntes de su jornada y que se registren todos los tipos de tiempo de trabajo: jornadas ordinarias, horas extraordinarias, jornadas flexibles y horas complementarias en los contratos a tiempo parcial.

El texto también establece que los apuntes no puedan modificarse sin el consentimiento de los trabajadores. Además, cada empleado deberá tener acceso inmediato a su propio registro, mientras que los representantes sindicales también podrán consultar la información correspondiente.

Respuesta al dictamen del Consejo de Estado

La reforma llega después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen desfavorable sobre el proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo. El órgano consultivo cuestionó varios aspectos del texto, entre ellos su encaje jurídico, su impacto económico y cuestiones relacionadas con la protección de datos.

Pérez Rey ha señalado que Trabajo está introduciendo los ajustes necesarios para reforzar la seguridad jurídica de la norma, pero ha defendido que el fondo de la reforma sigue siendo necesario para el mercado laboral.

El Ministerio considera que la digitalización del registro horario es imprescindible para que la Inspección de Trabajo pueda actuar con mayor eficacia frente a los excesos de jornada y para garantizar que las horas trabajadas sean realmente registradas y retribuidas.

Una medida vinculada a la calidad del empleo

Trabajo enmarca esta reforma dentro de su agenda para mejorar la calidad del empleo y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales. Para el Ministerio, el control horario no solo afecta al pago de horas extraordinarias, sino también a la conciliación, la salud laboral y la organización del tiempo de trabajo.

El Gobierno sostiene que el registro horario debe dejar de ser un trámite formal y convertirse en una herramienta útil para trabajadores, empresas e Inspección. La reforma pretende cerrar la puerta a registros incompletos, manipulables o elaborados únicamente para evitar sanciones.

Si el calendario previsto se mantiene, el nuevo sistema podría quedar aprobado antes del verano, aunque su aplicación práctica dependerá del texto final y de los plazos de adaptación que se establezcan para las empresas.