La Comisión Europea ha aprobado un plan español de ayudas públicas de 54 millones de euros para apoyar a las empresas agrícolas afectadas por el encarecimiento del diésel derivado de la crisis en Oriente Próximo.

El régimen permitirá compensar parte del aumento de los costes del combustible soportado por el sector agrario, uno de los ámbitos más expuestos a las subidas energéticas por su dependencia del gasóleo en labores agrícolas, maquinaria y actividad diaria en las explotaciones.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, la ayuda podrá cubrir hasta el 70% del sobrecoste del combustible registrado entre finales de marzo y finales de junio. La medida contempla una compensación de 0,20 euros por cada litro de diésel adquirido durante ese periodo.

El programa estará disponible hasta finales de este año y se enmarca en el marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Unión Europea el pasado mes de abril para responder al impacto económico de la crisis en Oriente Próximo.

Bruselas ha dado luz verde al esquema al considerar que cumple las condiciones previstas en esa normativa excepcional. La Comisión sostiene que el plan español es “necesario, apropiado y proporcionado” para apoyar la actividad de las empresas agrícolas.

Además, el Ejecutivo comunitario entiende que la medida no altera las condiciones de competencia en el mercado interior de forma contraria al interés común, uno de los requisitos exigidos para autorizar ayudas estatales dentro de la Unión Europea.

El marco temporal permite a los Estados miembros conceder ayudas extraordinarias a los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la crisis, entre ellos la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias con un elevado consumo energético.

La Comisión recuerda, en todo caso, que este mecanismo estará vigente hasta finales de año y que seguirá revisándolo en función de la evolución de la situación geopolítica y del contexto económico general.

Con esta autorización, España podrá activar una línea de apoyo dirigida a aliviar uno de los costes más sensibles para el sector agrario, en un momento marcado por la presión de los precios energéticos, la incertidumbre internacional y el aumento de los gastos de producción en las explotaciones.