CCOO ha alertado de una situación de “colapso funcional” en la jurisdicción social de 41 provincias por los retrasos acumulados en los juzgados de lo laboral. Según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico Confederal del sindicato, la espera media para celebrar un juicio llega a alcanzar hasta 450 días en procedimientos de reclamación de salarios y reconocimiento de derechos.

Durante la presentación del estudio, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que la demora en la justicia laboral “ha alcanzado una dimensión estructural” y compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.

El sindicato cifra en 375 días la demora media en procedimientos de despido individual y en 389 días la correspondiente a asuntos de Seguridad Social. En el caso de reclamaciones salariales y reconocimiento de derechos, la espera puede llegar a los 450 días.

Sordo ha señalado que estos retrasos obligan a los trabajadores a soportar durante meses situaciones que han sido impugnadas, como despidos, impagos de salarios o denegaciones de prestaciones, antes de que exista una resolución judicial.

A juicio de CCOO, esta situación debilita la función protectora de la jurisdicción social, precisamente diseñada para resolver con rapidez conflictos que afectan directamente a los ingresos, el empleo y la protección social de los trabajadores.

Un problema estructural

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha advertido de que la demora media para el señalamiento de juicios en el ámbito laboral alcanza ya los 11,4 meses, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial.

El sindicato señala situaciones de especial alarma en comunidades como Andalucía, Murcia, La Rioja, Extremadura y Comunidad Valenciana, donde los juzgados de lo social presentan mayores niveles de colapso.

Pacheco ha explicado que el volumen de asuntos ingresados en el sistema judicial ha aumentado un 24,8% en la última década, al pasar de 345.151 casos en 2015 a 452.786 en 2025. Sin embargo, ha denunciado que los recursos de soporte no solo no han crecido al mismo ritmo, sino que incluso se han reducido en parte.

Según CCOO, esta falta de medios está lesionando la tutela judicial efectiva de los trabajadores y favoreciendo la arbitrariedad empresarial ante incumplimientos laborales.

El sindicato considera insuficiente el anuncio del Ministerio de Justicia de crear 500 nuevas plazas judiciales si solo 43 de ellas estarán destinadas a la jurisdicción social. “No va solo de jueces”, ha advertido Pacheco, que reclama también más oficinas judiciales, salas y personal para poder reducir las demoras.

Transparencia y plan de choque

CCOO remitirá el informe al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con competencias en la materia. Además, reclama la creación de una mesa institucional específica en la que participen también los interlocutores sociales.

La responsable del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, Eva Urbano, ha pedido mayor transparencia al CGPJ sobre la situación real de los juzgados de lo social. Según ha señalado, el organismo dispone de datos suficientes sobre los tiempos de demora, pero estos no se publican de forma sistemática.

“El acceso público a los datos es fundamental para que la Administración de Justicia se someta al escrutinio social”, ha defendido Urbano.

La responsable jurídica del sindicato ha subrayado que el colapso de la jurisdicción social resulta especialmente grave porque afecta a derechos básicos y a la situación socioeconómica de los trabajadores, como salarios, despidos, prestaciones de Seguridad Social o dependencia.

Urbano ha recordado que la legislación laboral establece principios específicos de celeridad, oralidad, inmediación y concentración para este tipo de procedimientos, precisamente por su impacto social y económico.

Aunque el ordenamiento jurídico prevé instrumentos como el recurso de amparo o las reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, CCOO advierte de que estos mecanismos fueron pensados para situaciones excepcionales, no para un funcionamiento estructuralmente deficitario y colapsado.

Por ello, el sindicato reclama una actuación inmediata de los poderes públicos y un plan de choque que permita reforzar medios personales y materiales, reducir los tiempos de espera y evitar que los retrasos sigan mermando derechos laborales y de protección social.