La crisis de gobernanza abierta en Indra por los movimientos accionariales de la familia Escribano llegará el próximo martes, 9 de junio, al Parlamento. El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, comparecerán en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre el papel de Moncloa y del holding público en los últimos cambios registrados en la compañía tecnológica y de defensa.

La comparecencia se produce después de una primera convocatoria fallida. Ambos responsables estaban citados el pasado 28 de abril en la misma comisión para dar cuenta de la situación de Indra, pero no acudieron al alegar que no habían sido informados con suficiente antelación. Aquella ausencia provocó el malestar de la oposición y abrió un nuevo frente político en torno a una empresa considerada estratégica para la seguridad nacional.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, remitió entonces un escrito al Gobierno para recordar que las comparecencias parlamentarias son un deber inexcusable salvo causa de fuerza mayor. Finalmente, la presidenta de la comisión, la diputada popular Edurne Uriarte, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, acordaron fijar la cita para el 9 de junio.

El centro de la comparecencia será la salida de la familia Escribano del accionariado de Indra. Escribano Mechanical and Engineering, EM&E, mantenía una participación del 14,3% en la compañía, que fue vendida en una operación valorada en torno a 1.300 millones de euros. La transacción generó plusvalías superiores a los 950 millones, aunque distintas informaciones apuntan a que los hermanos Ángel y Javier Escribano percibirían finalmente alrededor de 200 millones por la estructura financiera pactada con JP Morgan.

La operación se produjo apenas un mes después de que Ángel Escribano renunciara a la presidencia de Indra en medio de las tensiones por el posible conflicto de interés derivado de las conversaciones para que Indra adquiriera EM&E, la empresa familiar de los Escribano. La SEPI, principal accionista de Indra, había señalado ese posible conflicto en un contexto especialmente sensible por el papel de la compañía en los sectores de defensa, tecnología y seguridad.

Las preguntas sobre la SEPI

Uno de los principales puntos de interés será conocer qué instrucciones trasladó la SEPI a los consejeros de Indra nombrados a propuesta del holding público. La sociedad estatal posee cerca del 28% del capital de la compañía, por lo que su posición resulta determinante en la gobernanza de una empresa clave para la política industrial y de defensa del Estado.

El PP quiere que Belén Gualda explique la posición de la SEPI ante los ceses, nombramientos y movimientos accionariales registrados en Indra, así como ante las posibles consecuencias de la operación sobre el equilibrio interno de la compañía. También pedirá aclaraciones sobre el ejercicio de los derechos del Estado en sociedades mercantiles cuya actividad se considera relevante para la seguridad y la defensa, especialmente en Indra y Telefónica.

El papel de Moncloa

Manuel de la Rocha, por su parte, deberá responder por las decisiones adoptadas desde la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en relación con Indra y los Escribano. La oposición le atribuye un papel relevante por su condición de copresidente del Comité de Inversiones Estratégicas, órgano adscrito a la Presidencia del Gobierno.

Entre las cuestiones que previsiblemente se abordarán figuran la posible existencia de conflicto de interés, la participación de Moncloa en la valoración de movimientos corporativos entre Indra y EM&E y el grado de intervención del Gobierno en una operación que afecta a una de las principales compañías españolas de defensa y tecnología.

La comparecencia llega en un momento de creciente atención sobre el futuro de Indra, llamada a desempeñar un papel central en el refuerzo de la industria española de defensa y en los grandes programas tecnológicos vinculados a la seguridad nacional. Lo que se dirime ahora no es solo una operación empresarial, sino también el modelo de control, transparencia y gobernanza de una compañía situada en el corazón industrial del Estado.